Ford ha decidido recientemente cambiar por completo su estrategia global para vehículos eléctricos, lo que representa un giro significativo en sus planes futuros. Sin embargo, la planta de Almussafes, en Valencia, no se verá afectada negativamente por este cambio. Hace unos meses, la marca del óvalo decidió priorizar la producción de vehículos híbridos en lugar de la electrificación total que se había planificado inicialmente.
En este sentido, el presidente del comité de empresa y líder del sindicato mayoritario UGT en Almussafes, Carlos Faubel, ha asegurado que este cambio en la ruta hacia la electrificación va en línea con las decisiones recientes en la planta, donde ahora están «más tranquilos que hace unos meses». Asimismo, subrayó que la producción del nuevo coche híbrido, que comenzará en 2027 y alcanzará una producción anual de más de 300.000 unidades, garantiza un nivel de carga de trabajo hasta que la demanda de VE aumente significativamente.
Este cambio de estrategia se debe, en gran parte, a las dificultades para hacer rentables los vehículos eléctricos de batería (BEV). Por ello, Ford ha decidido ajustar sus planes, lo que incluye la cancelación de un SUV eléctrico de tres filas que se estaba diseñando en Estados Unidos, el retraso de una camioneta eléctrica y la reducción del 40 % al 30 % del capital anual destinado a su división eléctrica. Este cambio de rumbo costará a la empresa alrededor de 1.700 millones de euros.
Un 36% del excedente ya se ha acogido al ERE
Por otro lado, a pocos días de que la planta de Almussafes retome su actividad, se informa de que dos de cada tres salidas pactadas en el último expediente de regulación de empleo (ERE) ya se han producido. Los afectados, de los 626 trabajadores, son aquellos que se acogieron a prejubilaciones a partir de los 53 años o a bajas incentivadas con hasta 40.000 euros de compensación, principalmente debido a la reducción de la carga productiva tras la desaparición de la furgoneta Transit. Faubel explicó a Levante que aproximadamente 400 empleados ya han dejado la empresa, mientras que los más de 200 restantes deberán fijar su fecha de salida antes del 30 de septiembre, siendo el plazo máximo antes de que termine el año.
Además, la planta estará sujeta a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) acordado entre la empresa y UGT, que afectará a 996 trabajadores, que recibirán el 85 % de su salario real, además del 100 % de las pagas, vacaciones y antigüedad.
