Aevecar (Agrupación Española de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles), AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos), CEEES (Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio) y UPI (Operadores Independientes del sector energético) han aunado fuerzas para reclamar medidas a la Administración contra el fraude en gasolineras, un problema que en los últimos ha crecido exponencialmente y que perjudica a la actividad del sector, resta muchos impuestos al Estado y que afecta a la consecución de los objetivos de descarbonización.
Durante un evento celebrado el pasado jueves en la sede de la CEOE, las patronales señalaron que uno de los mayores retos a los que se enfrentan es el impago de IVA. Solo en 2022, este fraude alcanzó los 700 millones de euros, y que, según informes internos de la AOP, el año pasado escaló por encima de los 1.000 millones.
El acto fue inaugurado por el presidente de la Organización de Empresarios, Antonio Garamendi, que hizo hincapié en la necesidad de contar con un “marco jurídico que ofrezca certezas y genere confianza, mediante la garantía de una competencia leal”. Por otro lado, el socio de KPMG Abogados, José Blanco, explicó que esto “expulsa del mercado a otros operadores, ya que el nivel de agentes cumplidores se va reduciendo por la imposibilidad de mantener este negocio”.
Real Decreto-Ley 8/2023
En la mesa redonda, el secretario general de AEVECAR, Víctor García; el presidente de la Comisión Antifraude de AOP, Javier Albares; el presidente de CEEES, Jorge de Benito; y el presidente de UPI, Luis Nieves, apuntaron que pese al interés mostrado por el Gobierno para poner freno al problema, la situación persiste y las pocas acciones llevadas a cabo hasta ahora son insuficientes. Además, señalaron que la medida más consistente es garantizar a la Administración el pago del IVA antes de que los carburantes puedan extraerse de los depósitos en los que se almacenan.
Esta fue propuesta por algunos de los grupos parlamentarios en la tramitación del proyecto de Ley procedente del Real Decreto-Ley 8/2023. No obstante, las asociaciones han insistido en la necesidad de retomar “la tramitación parlamentaria de la ley, que está paralizada desde hace semanas”, y recalcan la importancia de que los grupos respalden la incorporación de esta solución en la redacción definitiva de esta, para que se pueda poner en marcha.
Además, pusieron sobre la mesa otras medidas para aplicar de manera urgente, como, la obligación de liquidaciones mensuales del IVA y el registro de los libros de facturas mediante el Suministro Inmediato de Información (SII) para todos los que intervienen en la cadena de comercialización del sector.
El ejemplo de Italia y Portugal
En la jornada también participaron el secretario general de Apetro-Energia em Evoluçao, Antonio Comprimido, y la directora de UNEM (Unione Energie per la Mobilità), Marina Barbanti. Por un lado, Comprimido explicó las tres causas principales del fraude en el país luso: las insuficiencias regulatorias, la lentitud de la justicia, la falta de coordinación entre las Administraciones y la necesidad de mejoras de los procedimientos de control.
Mientras que Barbanti señaló las medidas que ayudaron al país transalpino a reducir esta situación de un 6% en 2012-2013 a un 1-2% actualmente. Según la directora, la clave para que esto sucediera fue la colaboración con la Administración para identificar las causas y poder aplicar medidas adecuadas.
