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España

Los partidos políticos coinciden en la importancia de fomentar el transporte público, pero difieren en lo referido a las restricciones

De cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio, los partidos políticos comienzan a posicionarse en referencia a los temas más candentes de la actualidad. En lo referido a la movilidad sostenible, la mayor parte de ellos afirman —con diferentes matices— que no existe un único modelo, sino que debe apostarse por la multimodalidad y por fomentar el transporte público. Sin embargo, no llegan a un acuerdo sobre si es necesario aplicar medidas de restricción como las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) o respecto a la Ley de Movilidad Sostenible.

Antonio Silván Rodríguez, responsable de movilidad sostenible del PP, Marta Serrano Balbuena, responsable de movilidad sostenible de Sumar, Arcadi España, secretario de transportes, movilidad sostenible, vivienda y agenda urbana del PSOE y Mireia Borrás, diputada de VOX.
Antonio Silván Rodríguez, responsable de movilidad sostenible del PP, Marta Serrano Balbuena, responsable de movilidad sostenible de Sumar, Arcadi España, secretario de transportes, movilidad sostenible, vivienda y agenda urbana del PSOE y Mireia Borrás, diputada de VOX.

El 25% de las emisiones a la atmósfera con efecto contaminante provienen del transporte, por lo que se trata de un tema prioritario para hacer frente al cambio climático, mejorar la salud de los ciudadanos e, incluso, otros aspectos como la igualdad de oportunidades o el empleo.

Así lo expresaron Antonio Silván Rodríguez, responsable de movilidad sostenible del PP, Arcadi España, secretario de transportes, movilidad sostenible, vivienda y agenda urbana del PSOE, Marta Serrano Balbuena, responsable de movilidad sostenible de Sumar y Mireia Borrás, diputada de VOX, durante la primera mesa de debate del I Congreso de Movilidad Inteligente y Sostenible, organizado por Prensa Ibérica.

A pesar de que todos los ponentes reconocieron la necesidad de alcanzar los objetivos de cero emisiones, no se pusieron de acuerdo acerca de las formas de hacerlo.

El responsable de movilidad sostenible del PP comenzó defendiendo la intertermodalidad e interconectividad del transporte, incorporando las nuevas tecnologías y las nuevas modalidades tales como el carsharing o el patinete eléctrico, de manera que los ciudadanos tengan más opciones para elegir. Además, defendió la liberalización de las empresas de transporte público, poniendo como ejemplo el buen funcionamiento y rendimiento de los trenes de alta velocidad (AVE).

Por su parte, el representante del PSOE, apostó por no poner todo el punto de vista en el vehículo privado y prestar más ayudas a la movilidad colectiva la cual calificó como una “vacuna contra la contaminación” y en bicicleta, un punto de vista que compartió con Serrano. Esta experta insistió en que “solo el 25% de la población que vive en ciudades utilizan el coche”, mientras que son el 40% los que usan el autocar, metro o cercanías. Por ello, puso especial énfasis en “poner medios legales y económicos para duplicar el transporte público”, especialmente los autobuses para los que se deben revisar los mapas concesionarios y el cercanías que necesitaría, en su opinión, un plan de choque que multiplique por diez la inversión en este servicio. A su vez, mostró su preocupación por que todos los medios públicos estén bien conectados y combinados “para poder ser una alternativa real”.

En este sentido, Silván se mostró de acuerdo, tras afirmar que el autobús, el medio de transporte que más viajeros transporta, llegando a 8000 poblaciones y recorriendo 75.000 km diarios. “Hoy prima un sistema concesional, con muchos años y que podríamos y deberíamos corregir, pero con un objetivo claro: que ninguna persona quede desprovisto de derecho a desplazarse”, dijo.

Por último, Borrás puso especial insistencia en la importancia de la “libertad” para elegir la forma en la que cada uno quiere desplazarse, sin “demonizar” ninguna forma de transporte. Como ejemplo, dio el del diésel, que, según afirmó, ha afectado especialmente a los ciudadanos de la España Rural, ya que “es su medio de vida, pues la mayor parte de los tractores funcionan con este combustible”. Respecto a estas áreas, explicó que su partido ha elaborado una PNL para “promover las actividades necesarias para garantizar sus conexiones”. Además, expuso en varias ocasiones que, a pesar de que VOX reconoce la necesidad de reducir la contaminación del aire, “se puede hacer de otras formas que no sean recurrir a las restricciones”. “El transporte no puede basarse en los distintos niveles de renta, no debe ser un lujo, es un servicio básico”, añadió, clasificando como “clasistas” las sanciones a los vehículos contaminantes.

Tres ‘síes’ y un ‘no’ a las Zonas de Bajas Emisiones

Desde el 1 de enero de 2023, aquellas ciudades que tengan más de 50.000 habitantes deben tener Zonas de Bajas Emisiones. En concreto, serían 149 municipios, de los que, actualmente, solo la han implantado de forma efectiva 15 poblaciones. Tanto el PP como el PSOE y Sumar se mostraron a favor de esta medida.

Silván comentó que consideran las ZBE “una medida específica para mejorar calidad del aire y evitar la saturación”, sin embargo, pidió “no demonizar el coche privado” y especificó que esta limitación debe acompañarse de medidas del Gobierno para ofrecer alternativas de forma coordinada con el resto de administraciones. “Zonas bajas emisiones , coches cero, no”, apostilló.

Por el contrario, la representante de Sumar, lo defendió como una forma de que las personas que usan el vehículo privado se pasen al transporte público. “No se trata solo de una transición al coche eléctrico, sino de cambiar patrones de movilidad y las Zonas de Bajas Emisiones son un vector para que esta transformación se produzca”, declaró.

En cuanto a la diputada de VOX, consideró que se aplica de forma “totalitaria” y que supone una coacción a la libertad de elegir del ciudadano, afectando a las personas que no pueden costearse un cambio de vehículo e incluso limitando su decisión de compra al no tener la seguridad de que puedan emplear el mismo coche “dentro de cinco años”. También hizo alusión a atender a las diferencias de cada uno de los territorios, ya que “se aplica la misma regla para todos sin tener en cuenta sus particularidades y se destinan medios cuando, a lo mejor, no es necesario”. Su partido, en cambio, hace otras propuestas: “más parkings, pulmones en las ciudades, ayudas para la renovación de las flotas, no solo de eléctricos, sino de coches nuevos, que ya no contaminan tanto como antes”.

Cabe destacar en este punto que, May López Diaz, directora de desarrollo en Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible y ponente de la mesa posterior, quiso referirse a estas afirmaciones para aclarar que las ZBE sirven para mejorar la calidad del aire y mejorar la huella ambiental, mientras que plantar árboles absorbe CO₂; se trataría de dos soluciones diferentes para dos problemas también distintos.

Por su parte, España replicó: “La libertad es un concepto más amplio que ir en coche. Existe la misma libertad de ir en bicicleta que en automóvil, por eso hay que hacer una política multimodal y poner infraestructura. Es una cuestión de convivencia, de adaptarnos, de buscar armonía”. A su vez, manifestó que no se trata de normas “para fastidiar, sino para hacer ciudades más habitables” e hizo una comparación con las normas de seguridad y las normas de tráfico.

La Ley de Movilidad en el aire

Tras anunciarse el adelanto electoral, la Ley de Movilidad Sostenible que estaba en marcha decayó a la espera de un nuevo gobierno, algo que algunos celebran y otros lamentan.
Para el PP, detener su tramitación es “lo mejor que ha pasado”, puesto que “en la movilidad no debemos hablar de ideología y se debe escuchar a todos los sectores implicados”. El ponente explicó que recibió quejas de muchas entidades que “ponían de manifiesto la opacidad del texto inicial” y que se presentaron “más de 1000 enmiendas”, ya que existía una descoordinación entre lo que se planteaba y la realidad. “Las medidas deben realizarse desde el acuerdo, no desde la imposición”, proclamó.
Por el contrario, Sumar defendió que es fundamental tener una ley de este calibre que ofrezca un margen normativo y justificó la elevada cantidad de enmiendas “no porque esté mal sino porque vamos tarde”. “Teníamos mucha esperanza de que fuera aprobada este año, que no va a poder serlo, y que además se reflejara en los Presupuestos del Estado. Es una pena que haya decaído”, confesó Serrano.
El representante del PSOE aseveró que este tipo de normativa solo tendrá lugar “con un Gobierno progresista y de izquierdas” porque los pactos que la derecha están llevando a cabo en las autonomías “van a hacer movilidad insostenible” y puso como ejemplo que se está acordando eliminar carriles-bici. “Tenemos que ser conscientes que hay una parte del espectro político que niega la realidad”, afirmó.
Por último, Borrás habló de otra forma de hacer política diferente a “las prohibiciones que dictan las agendas autoritarias en contra de la gente humilde, los autónomos, etc. El fanatismo climático se pone en contra de clases más obreras”. Sin embargo, asumió que es necesario una ley y unificar criterios a nivel nacional, pero pidió que ceñirse a la realidad de los españoles y mejorar su calidad de vida.

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