El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer una enmienda transaccional en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, presentada por el PDeCAT y promovida por Anfac, que permitirá una amortización acelerada a las empresas para las inversiones asociadas a vehículos eléctricos, híbridos enchufables, de pila de hidrógeno y eléctricos de autonomía extendida en el Impuesto de Sociedades, a través de la introducción de una disposición adicional a la Ley 27/2014 del 27 de noviembre.
Esta propuesta, que había sido vetada en la tramitación previa a la sesión plenaria de esta semana por el Gobierno —por conllevar un aumento de gastos o disminución de ingresos— y que fue recuperada por la formación nacionalista, supondrá duplicar el coeficiente lineal previsto actualmente en la normativa y así reducir, de media, el periodo de seis a tres años.
A pesar de la aprobación de esta medida para potenciar la electrificación, las otras seis que había impulsado la asociación de fabricantes y que habían sido respaldadas, además de por el PDeCat, por el PP y Ciudadanos —habían suscrito tres cada uno—, no han sido incorporadas al articulado de las cuentas públicas. De ellas, la única que se salvó del veto gubernamental y que se votó ayer fue la de poner en marcha un programa de ayudas específico de 300 millones de euros para financiar la inversión y el mantenimiento de las instalaciones de puntos de carga de acceso público con alta potencia (más de 150 kW).
Sin embargo, esta iniciativa tampoco salió adelante, después de que cosechara 185 noes —entre ellos los de los diputados del PSOE, Unidas Podemos y ERC— por 109 síes y una abstención. Fuentes de los constructores consultadas por La Tribuna de Automoción apuntan que difícilmente esta partida se pueda recuperar en las etapas siguientes de la tramitación de los Presupuestos Generales en el Senado, al igual que el resto de enmiendas no aceptadas hasta el momento, porque todo hace indicar que no habrá mayorías suficientes, sobre todo a raíz del rechazo de los socialistas y de sus socios.
Las cinco propuestas que ni siquiera han sido debatidas se referían en tres casos a cambios en el IRPF. En primer lugar, se planteaba no integrar en la base imponible del impuesto la ganancia patrimonial del Moves al adquirir coches y puntos de carga; en segundo lugar, que se incremente del 30% al 75% la deducción en la retribución en especie por entrega de vehículos electrificados, y en tercer lugar, que se acepte un ajuste fiscal por el 15% del gasto en compra de modelos enchufables y su infraestructura de carga, con un tope de 4.000 euros.
En cuanto a las dos restantes, una se refiere al Impuesto de Sociedades para que las compañías puedan deducirse al 10% la adquisición de automóviles y sus cargadores y la otra al IVA con la finalidad de fomentar la renovación de las flotas corporativas, aceptando una deducción al 100% sin requisito de total afección a su actividad económica para las unidades adquiridas.
Insuficiente para avanzar en electrificación
Aunque Anfac ha valorado la aprobación conseguida de la amortización acelerada de los vehículos electrificados en el Impuesto de Sociedades, la considera claramente insuficiente para avanzar de manera rápida y decidida para conseguir los objetivos que se marca el Gobierno en electromovilidad, apostando por «un mayor esfuerzo en materia de impuestos», según indican a esta publicación fuentes de la patronal.
En este sentido, desde la organización recuerdan que, aparte de las enmiendas que no han sido aprobadas, han propugnado reiteradamente en los últimos años una reforma fiscal integral orientada al uso del vehículo y a bonificar la compra de coches enchufables de cara a que ganen con fuerza cuota de mercado, así como un plan, denominado 1+12, con medidas de carácter urgente para realizar una transformación efectiva y exitosa en España hacia las mecánicas sin emisiones.
