Las asociaciones Cetraa, Conepa, Fagenauto y Ganvam han denunciado hoy al Estado español en el Parlamento Europeo por el incumplimiento de cuatro directivas y varios artículos del tratado de Funcionamiento de la UE. Esta falta de adaptación del marco jurídico nacional a las prebendas comunitarias permitiría a las aseguradoras realizar prácticas abusivas con los reparadores, al mismo tiempo que coartan algunas de las libertades de estos y de sus propios clientes. El recorrido de esta denuncia podría terminar en sanciones para el país.
Así, según han apuntado las cuatro agrupaciones, que hicieron una presentación ante la prensa con sus cuatro presidentes al frente —Enrique Fontán, Ramón Marcos, Daniel González y Raúl Palacios, respectivamente—, consideran que esto ha permitido que estas compañías cuenten con herramientas de valoración y baremos elaborados por empresas vinculadas que solo le benefician a ellas.
Además, son conscientes del volumen de trabajo que conllevan y obligan a ejecutar descuentos, reducir el precio en la mano de obra, en el tiempo de reparación e, incluso, imponen los componentes a emplear y los canales de distribución donde adquirirlos; han creado redes de talleres asociados limitando la libertad de elección del cliente mientras otros reparadores no pueden acceder a esta bolsa.
Y, han generado un clima de colusiones tácitas por el que los precios, en lugar de incrementarse, acorde a las subidas del IPC, bajan para lograr un mayor beneficio propio en contra de los intereses y supervivencia de los talleres.
Esta queja llega después de varios contactos con la CNMC, por separado y unidos, los cuales no han logrado revertir la situación. «Al contrario», según ha indicado el secretario general de Conepa, Víctor Rivera, «está encantada de que haya esta competencia porque genera un ahorro en el consumidor a pesar de que se realiza a costa de las cuentas de los servicios».
Una denuncia que podría generar sanciones para España
La reclamación se ha puesto hoy en el Parlamento Europeo y en un plazo de entre siete y 10 días, según ha apuntado el coordinador jurídico de Cetraa, Luis Ursua, publicará en su web una sinopsis del escrito de los talleres españoles, a la que se tendrán que adherir los afectados, por lo que ha invitado a los centros afectados a sumarse
Una vez termine, se estudia la viabilidad de la queja y, si entiende que es razonable, lo remite a la Dirección General de la Competencia, la cual inicia un procedimiento de audiencia con las partes interesadas. Tras escucharlas, si detecta que hay una vulneración de derechos, realizará una recomendación al Estado español para que ejecute los pertinentes cambios en la normativa para adaptarla a las comunitarias.
Finalmente, en caso de que no se efectúen, se podrían imponer sanciones al Gobierno.
Derechos que los talleres entienden vulnerados
Según han señalado hoy los representantes de Cetraa, Conepa, Fagenauto y Ganman, consideran que las aseguradoras han fijado precios, tiempos e importes, saltándose los establecidos por el propio taller, apremiando a aplicar descuentos, algo que va en contra del artículo 101.1 a) del TFUE que regula la competencia. Por tanto, estos mismos centros han de aplicar diferentes tarifas dependiendo de quien asuma la factura, lo cual choca con el artículo 101.1 e).
Además, los baremos empleados para calcular los presupuestos son realizados por empresas vinculadas o participadas por las propias aseguradoras, lo que entronca con el artículo 8 de la Directiva 2005/29/CE por práctica desleal y agresiva.
Otro punto crítico es la colusión tácita, prohibido en el artículo 101.1 c) del TFUE, por una unilateral bajada de precios, lo que representa una práctica anticompetitiva. Al mismo tiempo, la suscripción a los convenios CIDE y Ascide, refuerzan la idea de colusión tácita pues sus valoraciones económicas se fijan según módulos de actividad fijados a principio de año y pocas veces adaptado a la realidad del mercado o el IPC perjudicando así la retribución del taller.
Los peritos también se han puesto en el punto de mira no solo por usar los baremos que diseñan las aseguradoras sino por tener dependencia económica de estas, algo que se enfrenta al artículo 17.3 de la Directiva 2016/97, que obliga a los empleados a actuar según los intereses de sus clientes no de las empresas que los contratan, y con la directiva 2018/958 que dictamina la libertad profesional y empresarial. Por esto, sostienen que debería crearse un órgano supervisor que designe el modelo de trabajo de estos mismos examinadores y garantice su independencia.
También han detectado que se impone a los mecánicos el uso de determinados componentes así como canales de distribución de donde obtenerlos, lo que vulnera la Directiva 2006/126/CE que establece la libertad del establecimiento para la prestación de servicios. Al mismo tiempo que han constatado la falta de capacidad de elección del asegurado del taller en las vinculaciones firmadas lo que contradice la Directiva 93/13CEE sobre cláusulas abusivas de los contratos.
Por último, entienden que, ante un siniestro, las propias aseguradas urgen a sus clientes a acudir a un servicio vulnerando, de nuevo, la capacidad de decisión sobre el reparador que opere en su vehículo, lo que choca con la Directiva 2005/29.
