El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, con el que, según Transportes, busca dar respuesta a las necesidades actuales de sostenibilidad, digitalización y cohesión social y territorial.
Se prevé que esta norma, enmarcada dentro de los compromisos adquiridos entre el Gobierno y la Comisión Europea como parte del Plan de Recuperación, sea aprobada y entre en vigor durante el último trimestre de 2023.
Además, servirá para cumplir con varias de las recomendaciones de AIReF e implementar medidas recogidas en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, ratificada en diciembre, que requieren de una importante reforma legal.
A nivel económico, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez ha señalado que en una década se reducirán las ineficiencias del gasto público en 8.000 millones de euros y que la productividad de las empresas crecerá un 3,3%. Asimismo, se esperan efectos positivos para la unidad de mercado, la competitividad y la competencia.
Por contra, uno de los elementos más controversiales es que el texto posibilitará a los ayuntamientos cobrar por el acceso a sus zonas de bajas emisiones, como ya sucede en otras ciudades europeas como Estocolmo, Milán o Londres.
CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES
Accede al artículo completo adquiriendo la edición digital de La Tribuna de Automoción o suscríbete al periódico durante un año para tener acceso a todos los contenidos. Si ya eres suscriptor, utiliza tus claves para disfrutar de la mejor información del sector.
