La organización no gubernamental Facua, dedicada a la defensa de los derechos del consumidor, ha habilitado un portal de ayuda e información para aquellos conductores que hubieran comprado un vehículo entre los años 2006 y 2013, período de tiempo en el cual más de una veintena de marcas convergieron en una sociedad que se intercambiaba información comercialmente sensible y estratégica, que llegó a afectar a la distribución de coches en España.
Estos acuerdos supusieron una práctica anticompetitiva prohibida por la ley de defensa de la competencia al disminuir, entre otras, la incertidumbre en el proceso de determinación de precios que no hubiera existido sin estos. La resolución fue recurrida por una gran parte de los sancionados, dictándose a lo largo de 2021 diferentes sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que, en su mayoría, desestimaron los recursos planteados por los equipos jurídicos de las marcas.
En este punto, la creación del portal al usuario permitirá a aquellos conductores que hubieran comprado un vehículo en ese período de tiempo presentar su caso personalizado, que será estudiado por la organización para valorar si pudiera ser candidato a reclamar una indemnización por daños ocasionados, quedando como alternativa, en caso de que dicha reclamación no prosperase, la vía judicial Los plazos que barajan desde Facua para reclamar es de en torno a un año, desde la fecha de la sentencia del TS.
En julio de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dictó una resolución por la que sancionaba a 21 empresas del sector automovilístico, entre ellas Citröen, BMW, Chrysler, Jeep, Dodge, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ford, Opel, Honda, Hyundai, Kia, Nissan, Peugeot, Renault y Dacia, Toyota y Lexus, o el Grupo Volkswagen, a pagar 171 millones de euros. Todas ellas, según la documentación que se dispuso, estuvieron activas entre febrero de 2006 y julio de 2013 (el período más largo) e involucradas en estas prácticas ilegales.
Las prácticas ilegales pudieron ser investigadas por el viraje que tomaron las empresas de Volkswagen como Seat, que rompieron la disciplina y dejaron caer el cártel ante la justicia, gracias a lo cual se pudieron investigar los entramados que se realizaban en la parte empresarial, la postventa y el marketing. Este cambio de roles la llevó a quedar exenta de multas, rebajándose para el resto hasta los 131 millones de euros.