El consejero de Inversión y de Transporte Sostenible e Innovador de la Comisión Europea, Helmut Morsi, ha anunciado que Bruselas está analizando los planes de infraestructuras que remitieron los Estados miembros al Gobierno comunitario, para publicar un informe a finales del próximo mes de noviembre.
En el marco del IV Congreso Europeo del Vehículo Eléctrico, que se celebra hoy en Madrid, Morsi ha lamentado que de los 28 países que conforman la Unión Europea —serán 27 cuando se consolide el Brexit— solo 23 habían enviado el informe a septiembre de este año, lo que deja poco margen para valorar el plan de estas cinco naciones.
En declaraciones a La Tribuna de Automoción, el consejero ha aclarado que los que aún no lo han remitido se trata “mayoritariamente de países del Este” y que España sí que había cumplido con los plazos. De hecho, el llamado Marco de Acción Nacional Español y Energías Alternativas en el Transporte fue aprobado en un Consejo de Ministros de diciembre de 2016.
El responsable europeo ha señalado a esta publicación que no se tratará de suspender o criticar las estrategias de cada Estado miembro, sino que se limitarán a “hacer recomendaciones”, para que estos países puedan mejorar. Este control de los planes se circunscribe dentro de una directiva de 2014 por la cual se fijaban, entre otras cuestiones, objetivos de vehículos de energías alternativas para 2020, 2025 y 2030.
Cataluña y Baleares, a la cabeza
Dentro de las comunidades que están trabajando en el ámbito de la infraestructura de recarga rápida para vehículo eléctrico, Cataluña y Baleares son las que tendrían proyectos más ambiciosos para el futuro.
En concreto, Cataluña lanzó un plan de ayudas para que los ayuntamientos instalen este tipo de cargadores en 2017 dotado de 514.750 euros, pero se han visto desbordados con peticiones que superan los 2,05 millones de euros, según detalló la directora del Instituto Catalán de la Energía, Assumpta Farran.
En vista del éxito de este proyecto, esta comunidad va a incrementar su presupuesto inicial de 1,46 millones de euros para esta acción a 2.727.650 euros. Con este incremento de la dotación, Farran espera que Cataluña tendrá lista su red de recarga rápida el próximo año, pasando de los actuales 36 puntos a 106.
Por su parte, el director general de Energía y Cambio Climático del Gobierno de las Islas Baleares, Joan Groizar, ha anunciado que en los próximos cinco años van a instalar 500 puntos rápidos en las islas, lo que supondrá una inversión de alrededor de 12 millones de euros, que provienen del impuesto al turismo.
A día de hoy, las Baleares cuentan con seis cargadores rápidos que son de Endesa. La intención de Groizar es que ya en 2018 haya unas 150 unidades para iniciar el despegue de la infraestructura.
Pablo M. Ballesteros / Madrid
