Ignacio Anasagasti / Madrid
La nueva directora general de la DGT, María Seguí, ha señalado que uno de sus objetivos prioritarios es empezar a publicar las cifras “reales” de víctimas en accidentes de tráfico, aquellas que contabilizan los fallecimientos más allá de las 24 horas y hasta 30 días y que se producen no sólo en las carreteras sino también en los núcleos urbanos.
En la presentación de un estudio de Línea Directa sobre la seguridad vial en los medios de comunicación española, Seguí explicó que esta manera de computar los datos es la que exige la Unión Europea y la que realizan “a tiempo real” los principales estados miembros.
En España, Tráfico publica, en estos momentos, al cierre de cada mes un indicador de víctimas “rápido” que sólo recoge los fallecidos en las primeras 24 horas de los accidentes ocurridos en las carreteras. Asimismo, a mediados de cada año presenta un anuario del año precedente (“en torno al mes de julio se publicará el referente a 2011”, según fuentes de la DGT) que sí que tiene en cuenta los fallecidos a 30 días en todo tipo de vías, con la salvedad de que no es una cifra “real” sino estimativa, ya que para su cálculo se aplica un “factor de corrección” sobre los datos que facilitan todos los organismos.
En este sentido, los planes de la DGT, que ya están en marcha, consisten en poder presentar y remitir a la UE cuanto antes las estadísticas “reales” sin aplicación alguna de fórmulas correctoras. “Es un reto que implica la colaboración interinstitucional”, sentenció Seguí.
¿Cuestionar las cifras?
La directora de la DGT subrayó que este cambio no significa “cuestionar” los números ofrecidos hasta el momento sino que de lo que se trata es “mejorar la situación futura”. Mientras tanto, Seguí recomendó a los medios de comunicación que en todas las informaciones sobre víctimas de tráfico especifiquen que se refieren a fallecidos dentro de las primeras 24 horas y en carretera.
En cuanto a la evolución de la siniestralidad futura, se mostró confiada en que “la cifra siga reduciéndose”, a pesar de los recortes presupuestarios “inevitables” que afectarán a las políticas de seguridad vial. El hipotético recorte, a su juicio, podría proceder también de la reducción de la movilidad producida por la crisis, la cual ha disminuido “entre un 3% y un 4% de media en España”.
