El sector de automoción, desde siempre y más en los últimos años ante la presión regulatoria para rebajar las emisiones medias de las ventas en la UE, ha pedido a los gobiernos centrales de turno estabilidad en las ayudas a la compra durante varios años para evitar periodos de interrupciones y de incertidumbre que supongan frenos en el desarrollo de la electromovilidad. Esta reivindicación vuelve hoy a estar muy presente tras el adelanto electoral al 29 de noviembre, porque se abre una posibilidad muy palmaria de que después de que se agoten, previsiblemente este noviembre, los fondos del Plan Auto+ no haya certidumbre sobre si las solicitudes que se vayan acumulando en lista de espera hasta el 31 de diciembre y las compras de eléctricos e híbridos enchufables que pudieran materializarse en los primeros compases de 2027 estarán cubiertas con incentivos. Una seguridad que sí estaba garantizada en los planes del Ejecutivo en un escenario de llevar a término la legislatura, y es que el Ministerio de Industria tenía la intención de preparar un segundo programa que sería anunciado con anterioridad remarcando su carácter retroactivo para no dejar operaciones sin subvenciones. Ahora, sin embargo, con la presión de las urnas, el margen de actuación es de apenas unos días y la solución in extremis, que parece no estar contemplada al cierre de edición al menos por lo que le constan a las patronales sectoriales, sería la de aprobar en Consejo de Ministros un crédito extraordinario para dar cobertura a todas las peticiones hasta finales de año dentro de la actual convocatoria.
El Ministerio de Industria tenía la intención de preparar un segundo programa que sería anunciado con anterioridad remarcando su carácter retroactivo para no dejar operaciones sin subvenciones
Aunque el contexto no es nada sencillo, el Gobierno, si quiere demostrar eficacia de acción, debería optar al menos por esta última vía y acompañarla de una prórroga para 2027 de las deducciones fiscales en el IRPF, dos medidas que evitarían un más que probable parón de ventas inminente. Tras ello, debería venir al menos por parte del PSOE y PP, los dos partidos con opciones de gobernar, un posicionamiento de voluntad política para comprometerse a tomar las decisiones necesarias para que nadie se quede sin ayudas.
Resuelta esta crisis y con el nuevo equipo instalado en La Moncloa sería la hora de volver a plantear un pacto de Estado, que elección tras elección se demuestra que cuenta con el respaldo mayoritario del Parlamento, para que los programas de incentivos tengan una continuidad asegurada durante varios años, incluso trascendiendo a una legislatura, pudiendo modularse su configuración en función de la capacidad de acceso de los VE de la mayoría de la población. El punto de partida para construirlo ya está dado con el Plan España Auto 2030 que se presentó en diciembre de 2025, una hoja de ruta a medio plazo en la que se involucró al conjunto del sector, pero también a los diferentes niveles de administraciones con independencia de su signo político y la conclusión fue un gran consenso.