La segunda edición del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) podría contar con una dotación presupuestaria total de 1.409,66 millones de euros, de los cuales 850 millones se reservarán para la línea de baterías y 559,66 millones para la de proyectos individuales, según consta en la presentación que ha desvelado el Ministerio de Industria esta mañana en un webinar informativo con empresas a la que ha tenido acceso La Tribuna de Automoción.
Para alcanzar esta cuantía, el departamento encabezado por Héctor Gómez está pendiente de que el Gobierno apruebe una modificación de las cuentas estatales de 2023 para ampliar el dinero del que dispone en estos momentos para el programa, que asciende a 1.237,70 millones. De ellos, 837 millones pertenecen al primer ámbito —ya fue aprobado por Bruselas— y 400,70, al segundo.
Una vez que se haga efectiva la inyección adicional, para la pata de inversiones vinculadas a las baterías y la general de coche eléctrico y conectado se contará, respectivamente, con 550 y 344,24 millones en subvenciones —con cargo al Mecanismo de Recuperación Europeo— y con 300 y 215,24 millones en préstamos —imputados a los Presupuestos Generales del Estado—.
Fruto de este reparto final, no se destinará la totalidad de los fondos que sobraron del Perte I, que se sitúan en 2.181,3 millones. En este sentido, como informó este periódico en su edición de la primera quincena de abril, el Ministerio, teniendo en cuenta las expectativas de ejecución, habría optado por desviar una parte de los recursos a otros planes de incentivos.
Las bases y una convocatoria del Perte VEC, como tarde el 1 de julio
La publicación de la orden de bases del nuevo programa, que incluirá la convocatoria de la línea de baterías —en el Capítulo III—, se realizará «a la mayor brevedad posible», según han trasladado los representantes de Industria en el webinar. El calendario que se trabaja es que, como tarde, se produzca el 1 de julio —no obstante, se está trabajando para que sea antes—.
Respecto a la convocatoria de la segunda, se ha comentado que se lanzará «unas semanas después», una vez que la Comisión Europea apruebe el nuevo Reglamento de Exención por Categorías al que va a estar sujeto en sus condiciones. Según ha podido saber este medio de fuentes sectoriales, faltarían por completarse las traducciones de la normativa, lo que podría retrasar la luz verde de este apartado hasta septiembre.
En ambos casos, se aplicará la concurrencia simple, a diferencia de la edición de 2022, es decir, se irán tramitando las solicitudes por estricto orden de llegada, siendo evaluadas y resueltas paulatinamente. Una vez que figuren las bases y la convocatoria de los acumuladores en el BOE se dejará un plazo de entre 10 y 15 días para que se abra la ventanilla para que las empresas puedan presentar sus proyectos.
A partir de ahí, se estima que entre el registro de una iniciativa y su concesión se tardarán entre dos meses y medio y tres. Respecto al pago, no habrá dos, como sucedió con el primer plan, sino solo uno anticipado.
En cuanto a la tipología de inversiones que regula cada apartado, en la denominada sección A de baterías se incluyen las relativas a su producción y de sus componentes esenciales, así como de la fabricación y recuperación de las materias primas. En la B, sobre vehículo eléctrico y conectado, entran actuaciones sobre equipos originales y ensamblaje de coches, I+D+i en acumuladores o pilas de combustible, otras piezas de los modelos cero emisiones, sistemas de recarga y reciclado y aprovechamiento de las pilas y materias primas.
Los beneficiarios del Perte VEC serán sociedades con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en España, que desarrollen una actividad industrial recogida en los CNAE estipulados en el Anexo I de las bases. De este modo, quedan fuera los concesionarios y talleres, como adelantó La Tribuna de Automoción, no habiéndose hecho realidad las intenciones que comunicó la exministra de Industria, Reyes Maroto.
Todas las entidades que concurran al programa tendrán que demostrar una experiencia de más de dos años, bien considerando la trayectoria de la corporación —se puede considerar la matriz— o de los accionistas o el equipo directivo.
