La directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Gómez, ha anunciado que las consecuencias sobre los municipios que no apliquen Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) llegarán a partir de 2024, a pesar de que en la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, aprobada en mayo de 2021, establecía que serían obligatorias para aquellas urbes que superen los 50.000 habitantes —o 20.000 si tienen problemas de contaminación— desde el 1 de enero de 2023.
Esta declaración se ha realizado durante la primera sesión del congreso Summit 2023, que lleva por título Impulsando la Movilidad Sostenible desde las empresas y que está teniendo lugar este 22 de marzo. La bióloga y divulgadora científica, Odile Rodríguez de la Fuente, que actuaba como moderadora, ha preguntado a la responsable del departamento dependiente de Transición Ecológica qué medidas se tomarán contra las regiones previamente señaladas, a lo que Gómez ha contestado: “Están todos en ello, pero vamos a recalcar que no es un año fácil, lo vamos a ir viendo, se van a ir instalando todas las ZBE”.
Ante esta respuesta, Rodríguez de la Fuente ha insistido cuestionando si, a pesar de la flexibilidad que se otorgue en el presente curso, tendrá repercusiones a partir del próximo, a lo que Gómez ha reconocido que “tendrá que tenerlas”.
Durante este coloquio titulado ZBE y calidad de vida han participado también el coordinador general de Movilidad de Madrid, Federico Jiménez de Parga y el director de Movilidad y Sostenibilidad de Bilbao, Ignacio Alday.
Jiménez de Parga ha aprovechado para apuntar que muchas regiones no han puesto en marcha estas iniciativas por la confrontación que suponen respecto a la población, que pueden implicar un desgaste electoral estando tan próxima los comicios del 28 de mayo. Asimismo, ha comentado que en Madrid siempre ha sido prioritario que la aplicación de medidas de sostenibilidad no perjudicara el desarrollo económico. También ha puesto sobre la mesa la dificultad de convencer de la implantación de ZBE a poblaciones como Segovia o Logroño que, pese tener las características que las hacen susceptibles de esa regulación, no cuentan con una contaminación que justifique la motivación medioambiental.
Antes de iniciar este debate, han intervenido de forma inaugural la directora de la Oficina de la Estrategia de Movilidad, Ángeles Marín, y la subdirectora adjunta de Vehículos de DGT, Susana Gómez.
Desde la Dirección General de Tráfico, han aprovechado para adelantar dos iniciativas cuya puesta en marcha tendrá lugar en el corto plazo. Por un lado, la facilitación de los archivos de la entidad a los ayuntamientos, con el propósito de que puedan gestionar con mayor facilidad el registro de sus flotas a la hora de acceder a las ZBE y controlar la entrada de los vehículos privados.
Por otro, una guía de distribución de mercancías, en la que ha colaborado el Ministerio de Transporte, así como varias ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao, y que busca plantear una mejor gestión de la última milla, haciéndola más segura para sus trabajadores y más eficiente a niveles ecológicos y de tráfico.
Transición al eléctrico y nuevos modelos de reparto
Durante la jornada ha habido varios debates en los que se han discutido cuestiones tan diversas como las soluciones tecnológicas que protagonizarán la movilidad del futuro, hasta el proceso de descarbonización a través de la lente de diferentes empresas, sectores y órganos públicos.
Dentro de estas, han podido escucharse varias peticiones a las instituciones de gobierno. Entre ellas, la directora de Marketing de Renault Trucks ha hecho un llamamiento a los poderes públicos “a liderar con el ejemplo”, señalando que ya hay una gran variedad de vehículos eléctricos capaces de desempeñar las labores públicas, poniendo a Barcelona como un ejemplo exitoso de su implementación.
Asimismo, el CEO de Moeevo Green, Ignacio Estellés y el director de Inteligencia de Negocio de Inquieto, José Luis Vázquez, ambas compañías dedicadas al sector de las entregas, coincidieron en los problemas que acarrea la disparidad de regulaciones y exigencias por parte de los ayuntamientos. Estellés señaló la enorme dificultad implícita en diseñar soluciones para territorios en los que cada uno cuenta con su propia norma, mientras que Vázquez hizo un llamamiento a generar marcos legislativos más estandarizados.
