Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son una realidad que afectará a cada vez más regiones de la Península durante los próximos años. La primera en incorporar esta medida fue Madrid en 2018, a la que se unió más tarde Barcelona en 2020, y con una aplicación en Sevilla, Valladolid y Valencia en momentos puntuales. Poner en marcha un plan de estas características no es nada sencillo debido a la gran cantidad de factores que implica y de actores a los que afecta. Ejemplo de ello es la situación de la Ciudad Condal, cuyo proyecto ha sido llevado a los tribunales. Teniendo todo esto en cuenta, Pons Mobility ha presentado un decálogo para su implantación, en el que destaca cuestiones como la necesidad de una gestión en la que la responsabilidad caiga sobre el municipio y en la que impere el consenso político.
Durante la presentación del informe, en el 43º Club de Previsión de Automoción de MSI, el ex-subdirector general de la Ordenación de DGT, Ramón Ledesma, ha comenzado señalando que el requisito básico de partida debe ser la fijación de unos hitos concretos, más allá de la reducción de la contaminación. Estos deben ser objetivos y cuantificables, de acuerdo a lo que marca la legislación, dejando siempre claro cuál era el punto de partida y con unas metas alineadas con los intereses señalados por Europa.
A continuación, Ledesma ha indicado que la responsabilidad de su desarrollo debe recaer siempre a nivel municipal, haciendo que los ayuntamientos sean quienes tengan la iniciativa y ejecuten medidas de acuerdo a sus intereses. Pons Mobility considera necesaria la creación de una figura dentro de cada administración, cercana al alcalde o al concejal de movilidad, que sea la encargada de hacer la implantación y que responda como su portavoz. Esta persona o comisión deberá ser capaz de coordinar todos los aspectos legales, técnicos y comunicación que implica una iniciativa de estas características, adelantándose a los nuevos trámites, estudios burocráticos y acuerdos con otros agentes que puedan surgir, como operadores de renting o empresas de outsourcing.
Asimismo, la consultora ha señalado su apuesta por una importante labor de pedagogía previa, mediante la que los ciudadanos comprendan con claridad el punto de partida y por qué es necesaria la implementación de una ZBE. De este modo se mejora la aceptación por parte de la población y se garantiza un desarrollo más fluido. Esto debe de estar acompañado de un informe sobre la situación de partida, que explique, entre otras cuestiones, cuáles son las fuentes de emisión, sistemas de climatización, formación de contaminantes secundarios en la atmósfera, etc.
Una vez se inicie el desarrollo del documento legal por el que se regirá la ZBE, se ha comentado que resultará fundamental el consenso de los grupos políticos mayoritarios. Ledesma ha recordado el caso del carné por puntos, que fue aprobado exitosamente con el apoyo de 350 diputados. Tal y como ha explicado, contar con una unidad en este aspecto, aunque ello suponga sacrificar algunos de los puntos, garantizará que a largo plazo no se convertirá en fuente de litigios recurrentes. En cuanto al contenido del documento, ha indicado que su desarrollo debe incluir algunas cuestiones mínimas, en concreto 16 puntos que aparecen en el borrador del Real Decreto sobre los requisitos básicos de las ZBE, que pese a ser conocidos de antemano deben figurar en cada regulación. Además, se ha destacado que su cumplimiento puede ser evaluado en caso de que el texto llegue a los tribunales, como ha sucedido con Barcelona.
Respecto a la naturaleza de las medidas, la asesoría aboga por atender principalmente a alcanzar los objetivos cuantificables. Del mismo modo, rechaza una implantación absoluta y sin excepciones, prefiriendo un sistema en el que su aplicación sea progresiva. Para lograrlo, consideran necesario innovar a nivel legal creando tasas que dependan de diferentes cuestiones como el año de matriculación del vehículo. Tampoco se olvidan de los modelos históricos, sobre los que valoran que no deberían aplicarse las restricciones, debido a que su uso es algo puntual.
Por último, Ledesma ha puesto de manifiesto la necesidad previa a la entrada en vigor de la norma de transmitir de forma efectiva a la ciudadanía en qué consiste la nueva regulación, para que su implementación y cumplimientos sean efectivos. Además, ha recordado que una ZBE debe ser algo vivo, que se adapte y corrija según las necesidades que vayan surgiendo y en base a la actualización de los objetivos planteados por la Unión Europea.