Ganvam y Faconauto han encontrado posturas comunes ante la reforma del Reglamento 330/2010, que asienta las bases de las exenciones a la competencia vertical en la UE, y, por lo tanto, los contratos de distribución que tienen las marcas con su red comercial.
Dentro de la consulta pública creada por la Comisión Europea como fase preliminar a la modificación de la norma vigente, que concluyó el pasado 26 de marzo, ambas patronales manifestaron su posición ante ciertas prácticas de negocio actuales, como la venta directa por parte de los fabricantes, en la que están de acuerdo que «lo correcto», según la federación de concesionarios oficiales, «sería establecer un límite al porcentaje [de este tipo de operaciones] en relación a sus matriculaciones».
La asociación de vendedores, Ganvam, va un paso más allá y propone un umbral de la cuota de mercado de las marcas: «Un límite del 20% fomentaría la competencia y se traduciría en un beneficio para los consumidores», afirman en su respuesta, a la que ha tenido acceso La Tribuna de Automoción.
Cecra, el Consejo Europeo de Concesionarios y Reparadores de Automoción —que vela por los intereses de talleres y distribuidores, tanto oficiales como no, en el Viejo Continente—, añade que esta penetración «debería contemplarse a escala nacional, pues hacerlo local sería demasiado complejo». En los contratos de distribución, las concesiones tienen un área específica delimitada como consecuencia del Reglamento 330.
Es precisamente esta capacidad la que determina lo que Bruselas denomina la venta activa: qué actor tiene la potestad de operar en qué región —según la patronal europea, si un concesionario vende fuera de su zona, sus ventas no computan para los objetivos de la marca—. Para revisarla, en otro de los puntos a debate, la Comisión, plantea expandir las excepciones y permitir a los fabricantes más flexibilidad para diseñar sus redes; o proteger más a los territorios y evitar que los no autorizados comercien en ellos.
De nuevo, tanto Ganvam como Faconauto se encuentran en esta última solución: «Los vendedores no autorizados no tienen los mismos costes de inversión que los que pertenecen a la red de la marca», afirman los primeros; mientras que los segundos señalan que «la implantación de un nuevo sistema deberá ir necesariamente acompañada de un estricto control sobre la retribución del distribuidor y una limitación a las ventas directas del fabricante».
El siguiente paso en la reforma es que Bruselas elabore un texto normativo, teniendo en cuenta los principios generales expuestos en su documento de trabajo —publicado en septiembre de 2020— y las respuestas a sus consultas públicas. Este será votado en el Parlamento Europeo antes de que la actual legislación pierda su vigencia, en mayo de 2022.
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