La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha descartado que el Gobierno regional vaya a adoptar nuevas figuras fiscales para gravar el CO2 de los vehículos, como sí lo hará Cataluña en 2021, después de que el 21 de octubre decidiera retrasar la medida un ejercicio, y Comunidad Valenciana, previsiblemente, a partir de 2023.
Mientras que en el caso catalán se implementará esta tasa a todos los turismos y motocicletas que superen los 95 gramos de CO2 y las furgonetas que excedan los 140 gramos —aunque en el primer ejercicio se penalizará solo a los que alcancen los 120 y los 160 gramos, respectivamente—, según la ley de cambio climático regional aprobada en 2017; en el valenciano seguiría un esquema similar, pero dos años más tarde, según afirmó la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, en la presentación, a finales de mayo de este año, del borrador de la Ley Valenciana de Cambio Climático y Transición Ecológica.
Según aclaró la consejera madrileña, en una entrevista con La Tribuna de Automoción, “en la Comunidad no somos partidarios de penalizar conductas, gravándolas fiscalmente, es más efectivo acudir a otras fórmulas que reorienten usos y comportamientos, vía incentivos o exenciones fiscales”. En “el Gobierno regional no solo no establecemos nuevos impuestos si no que trabajamos para bajarlos siempre que se pueda”.
“En coherencia” con esa filosofía se ha mostrado abierta a estudiar, “con un enfoque nacional o incluso europeo” el apoyo a la eliminación del Impuesto de Matriculación, un viejo anhelo del sector que, aunque es una decisión que depende del Gobierno central se recauda a nivel autonómico. No obstante, ha matizado que “sería necesario valorar el impacto que puede tener la medida antes de tomar una decisión”.
Las ayudas a la nueva movilidad expiran este domingo
Por otro lado, Martín también ha analizado con esta publicación el plan de ayudas para el fomento de la movilidad cero emisiones en la Comunidad de Madrid, dotado de tres millones de euros, y que beneficiará las operaciones que se hagan hasta el martes 24 de noviembre (el plazo inicial finalizaba el 15 de noviembre y se ha ampliado en nueve días)*.
Este programa establece unos incentivos de 1.250 euros canjeables por minutos y kilómetros de carsharing o motosharing eléctricos, para aquellos residentes en la comunidad que achatarren un turismo de más de 10 años entre el 1 de enero de 2020 y el 24 de noviembre. Esta cuantía se deberá utilizar en los siguientes 24 meses, una vez se le conceda al beneficiario.
Asimismo, también fija subvenciones de 150, 600 y 700 euros, respectivamente, para los que adquieran un patinete eléctrico, una bicicleta de pedaleo asistido o un ciclomotor cero emisiones. En ningún caso se podrá superar el 50% del coste del vehículo.
De los tres millones de euros, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha destinado una partida de 1,225 millones para las bicicletas, 575.000 euros para ciclomotores, 250.000 para patinetes y 950.000 euros para los bonos ambientales de sharing. En total, afectará a un máximo de 5.287 personas, de las que 2.040 adquirirán una bicicleta, 1.666 un patinete, 821 un ciclomotor y 760 los servicios de coche o moto compartida.
Se cobrarán antes de finalizar el año
Aunque las ayudas se aprobaron el 27 de octubre y se pueden solicitar desde el día siguiente, terminará, a penas, 28 días más tarde* —aunque se pueden acoger las operaciones hechas desde el 1 de enero— para “cerrar el año presupuestario y poder contar con un tiempo para la gestión, de forma que los ciudadanos puedan cobrarlas antes de finalizar el ejercicio”.
Martín ha defendido el tiempo transcurrido entre el anuncio, en mayo, y el 27 de octubre “por la dificultad de la novedad del sistema” y porque ha sido necesario realizar un “trabajo conjunto con los diferentes sectores y asociaciones profesionales, teniendo en cuenta las potenciales demandas de este tipo de vehículos y la oferta disponible”.
A pesar de que el programa se enmarca dentro de un paquete de 30 medidas más amplio, aprobado por el Ejecutivo madrileño en mayo para reactivar la economía ante la pandemia, la consejera de Medio Ambiente no descarta que se active también en 2021 ya que los objetivos son “fomentar la movilidad sostenible, impulsar la fabricación y la comercialización de vehículos eléctricos y también del sector de los servicios de carsharing y motosharing y mejorar la calidad del aire de nuestra región y hacer frente al cambio climático”. Unas metas que seguirán vigentes más allá de 2020.
*LA INFORMACIÓN HA SIDO ACTUALIZADA EL 16 DE NOVIEMBRE, DESPUÉS DE QUE LA COMUNIDAD DE MADRID HAYA HECHA PÚBLICA UNA NOTA DE PRENSA EN LA QUE AMPLIABA EL PLAZO INICIAL DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 24 DE ESTE MISMO MES.
La entrevista completa se publicará en el número de la segunda quincena de noviembre, que estará disponible gratuitamente para suscriptores. También se podrá adquirir en esta página web o en el kiosco habitual para el público en general.