El Gobierno de Boris Johnson ha subido un escalón en su ambición medioambiental, con la propuesta de adelantar el fin de las ventas de coches y furgonetas gasolina y diésel nuevos. Si el pasado febrero ya desveló su intención de mover esta fecha de 2040, como estaba previsto, a 2035, ahora los planes del Ejecutivo contemplan un horizonte más cercano: 2030.
La restricción, no obstante, no incluye a los vehículos híbridos que “puedan recorrer una distancia significativa sin emitir contaminantes”. Estas unidades podrán ser comercializadas durante cinco años más, hasta 2035.
Con este paso, Reino Unido se situaría a la par de Irlanda y Dinamarca, en cuyos planes está decir adiós a los térmicos en 2030 —un paso que quiere dar, un lustro antes, Noruega—, y se adelantaría a Francia, que prevé hacerlo en 2040, y a España, que espera que para ese año las ventas sean de vehículos cero emisiones, si bien no se contempla una prohibición explícita.
También se lanzará una consulta para determinar cuándo acabar con la venta de los nuevos vehículos pesados diésel, aunque todavía no hay fecha para ello.
Estas metas se engloban en un plan más amplio presentado por el primer ministro, que enumera diez puntos para caminar hacia la “Revolución Industrial Verde“, con la que se prevé crear 250.000 nuevos empleos. Una hoja de ruta que mira hacia la neutralidad de carbono en 2050, pero también, de manera más cercana, a la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará el próximo año en Glasgow.
La estrategia recoge que se reforzará la actividad de las plantas de automoción ubicadas en el país —que cayó, en 2019, del 14º al 16º puesto en el listado de fabricantes mundiales según datos de la OICA— para “acelerar la transición a los vehículos eléctricos y transformar la infraestructura nacional”.
De cara a reforzar la penetración del VE, Reino Unido prepara una inversión que superará los 2.000 millones de libras.
Unos 1.300 millones estarán destinados a la expansión de la red de carga eléctrica en casas, calles y autopistas —actualmente, hay unos 20.000 puntos públicos disponibles—, mientras que se otorgarán 582 millones en ayudas para la compra de vehículos de cero o muy bajas emisiones.
Por otra parte, casi 500 millones serán asignados, en los próximos cuatro años, al área de desarrollo y producción masiva de baterías para vehículos eléctricos.
Tras el impacto de la Covid-19 —que ha desencadenado un nuevo cierre de los comercios no esenciales en Inglaterra, incluyendo concesionarios, del 5 de noviembre al 2 de diciembre—, ahora es “el momento de poner en marcha una recuperación verde, con empleos altamente cualificados, que haga que nuestro país sea más limpio”, ha aseverado Johnson en una carta remitida al Financial Times en relación al nuevo plan.
Un “desafío” para el sector
El anuncio de poner punto y final a la matriculación de turismos y comerciales ligeros de combustión en 2030 ha sido recibido con cierto escepticismo por parte del sector. “Se han invertido millones con el fin de entregar vehículos que ayuden a miles de personas a conducir unidades cero emisiones, pero este nuevo deadline, que se adelanta una década al objetivo inicial, plantea un inmenso desafío“, ha resaltado el director de la asociación de fabricantes del país (SMMT), Mike Hawes.
No obstante, la agrupación ha aplaudido el hecho de que el Gobierno haya “aceptado la importancia de los híbridos como una tecnología de transición“, así como que se haya comprometido a destinar más incentivos a la nueva movilidad y a la industria nacional, si bien estos apoyos serían solo “el principio” de lo que necesitaría el sector para ser competitivo.
Por su parte, el grupo Transport & Environment ha considerado que la medida da un tiempo “suficiente” para que los actores de la industria lleven a cabo la transformación necesaria para adaptarse a los cambios, y ha solicitado que el fin de la venta de camiones diésel nuevos también se fije para 2030.
