Ignacio Anasagasti / Madrid
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Islas Baleares ya es una realidad después de que haya sido aprobada hoy por mayoría en el pleno del Parlamento regional, donde se han votado todas las enmiendas de los grupos políticos. La normativa, que ha sido muy criticada por la industria de automoción, entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma.
El punto más polémico, y que ha movilizado al sector en los últimos meses y días para intentar frenar que llegara la luz verde de este proyecto, es el que se refiere a la prohibición de circular por el territorio insular a las “motocicletas y turismos que utilicen diésel como combustible” a partir del 1 de enero de 2025, y “a las motocicletas, turismos, furgones y furgonetas que no sean libres de emisiones” desde el 1 de enero de 2035. En la disposición adicional tercera, se establece como excepción a estas restricciones el uso de “aquellos vehículos respecto de los que se establezcan reglamentariamente excepciones por razones de servicio público o de su radicación previa en el territorio“.
El otro elemento que ha suscitado revuelo, en este caso entre operadores de rent a car, es el calendario que se propone de introducción de flota eléctrica en el parque de las compañías de alquiler. La regulación determina que en 2020 un 2% de las compras tendrán que ser de automóviles cero emisiones, un porcentaje que aumentará progresivamente hasta llegar al 100% en 2035.
Las empresas de RAC, “hasta que no se produzca el desarrollo reglamentario correspondiente, y a partir del mes siguiente al de la entrada en vigor de la ley”, tendrán que facilitar “a la consejería competente en materia de cambio climático” los datos relativos al número total de vehículos de su flota y el tipo de propulsión de cada uno de ellos, identificando, especialmente, los “libres de emisiones”.
Un camino tortuoso
A pesar de la aprobación del texto legal, no tiene garantizada su supervivencia en el futuro, a tenor de la batería de acciones que ha emprendido el sector de automoción, liderado por Anfac, para evitar que entre en vigor la prohibición de la circulación de vehículos de combustión. El último movimiento de presión ha venido de la mano de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Su presidente, José María Marín Quemada, registró este lunes una carta en el Parlamento de Baleares dirigida al presidente, Baltasar Picornell, en la que señala que “la prohibición tendrá un efecto negativo sobre la competencia en múltiples actividades como la venta de vehículos, la distribución de carburantes en estaciones de servicio, las actividades de reparación de vehículos o de alquiler, entre otros, y todo ello en detrimento de consumidores y usuarios”, informa Europa Press. Además, indica que la normativa “parece no ajustarse a los principios de buena regulación”, es decir, que no se atiene a los “criterios de prudencia y razonabilidad, ya que no se aportan datos que relacionen la eficacia de la prohibición con una efectiva cuantificación de la reducción de la contaminación”.
Marín recuerda en su escrito “la posibilidad de que la CNMC participe mediante informe en el proceso de tramitación normativa”, a lo que el grupo socialista respondió que “una vez aprobada, no hay posibilidad de que interfiera“, quedando como única vía los tribunales.
Aparte de la vía de Competencia, Anfac presentó a mediados de enero dos denuncias contra la ley, una ante la Comisión Europea y otra ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, por incumplimiento del derecho comunitario y de la normativa 20/2013 de garantía de la unidad de mercado, respectivamente. En el primer caso, el recurso de los fabricantes ya ha sido admitido a trámite por Bruselas, según informaron desde la patronal. El órgano de gobierno europeo solo puede pronunciarse sobre la legalidad de la legislación una vez esté en vigor, y nunca antes como pretendía la asociación.
