En “el Acuerdo [Estratégico de Automoción], que está aún en elaboración, […] se analizarán y tratarán los problemas y retos que afecten a la distribución y comercialización de vehículos”, contestó a Rodrigo Gómez (C’s), publicándose en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 18 de febrero.
El diputado naranja formuló tres cuestiones: ¿Cómo se pretendería abordar la falta de certidumbre jurídica en el sector?, ¿se adoptarían medidas al respecto en el seno del Consejo Estratégico de la Automoción? Y si se veía conveniente impulsar algún cambio legislativo en torno a “unas buenas prácticas comerciales”.
La respuesta del Ejecutivo podría devolver la regulación del sector a la primera línea de debate, ya que quedó enterrada en la última reunión del Comité de Diálogo del Sector, el pasado 23 de abril, antes de la legislatura de Pedro Sánchez. Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, lamentó entonces que no se aprobase su propuesta de negociar una Ley de Distribución que ordenase las relaciones entre fabricantes y redes de concesionarios.
El Consejo Estratégico lleva retrasos en su constitución, a pesar de que la ministra de Industria indicase —al menos antes de que se convocaran elecciones— que se haría “próximamente”. Una vez se haga la foto oficial, se pondrán en marcha los cuatro grupos de trabajo —fiscalidad, inversiones, movilidad sostenible y emisiones de CO2— con representantes de las asociaciones de automoción (Faconauto, Ganvam, Aniacam, Anfac y Sernauto), gubernamentales (Industria, Transición Ecológica y Hacienda), así como de agentes sociales (UGT y CCOO).
