Pablo M. Ballesteros / Ignacio Anasagasti / Madrid
La Comisión Europea considera que los planes españoles de incentivo a la compra de vehículos de energías alternativas «son a menudo muy limitados en el tiempo y en el presupuesto». Ésta es una de las conclusiones del informe elaborado por el organismo comunitario, después de analizar los programas para la implantación de infraestructura de carga, así como el objetivo de parque automovilístico de este tipo de tecnología remitidos por los estados miembros.
Según el informe consultado por La Tribuna de Automoción, y adelantado en su edición impresa, «una mayor duración podría ofrecer certeza a los operadores y, por tanto, incrementar la probabilidad de que las metas puedan alcanzarse». En este sentido, España ha fijado unos objetivos de parque de entre 38.000 unidades y 150.000 para 2020 y alcanzar los 2,6 millones de vehículos en 2030, frente a los 12.883 que circulan en la actualidad.
No obstante, Bruselas ha amonestado a España porque no ha incluido en su estrategia el número de puntos de carga para 2020. Así, «la Comisión considerará la opción de iniciar un proceso de infracción», por «una violación de un requerimiento básico de una directiva», en referencia a la normativa 2014/94, por la cual se solicitaba a los socios comunitarios que explicaran sus planes en materia de energías alternativas.
Sin embargo, nuestro país no es el único en esta situación, puesto que 15 Estados han sido reprendidos por no cumplir todos los requisitos del artículo 3 de la citada normativa. De hecho, hay cuatro que han ido más allá, ya que Malta y Rumanía no han enviado la estrategia y Eslovenia y Grecia lo hicieron tarde.
Además, fuentes del Ministerio de Economía no creen que les abran un proceso de infracción «por estos detalles» y explican que no han fijado un objetivo cuantitativo porque prefieren centrarse en garantizar la circulación de los eléctricos en aglomeraciones urbanas y en determinadas redes.
Objetivos poco ambiciosos y difíciles de cumplir con las medidas fijadas
La Comisión Europea no solo ha sido crítica con España. En general, ha constatado que el pronóstico de implantación de vehículos de energías alternativas de los estados miembros es poco ambicioso, pero que, además, con las medidas planteadas y el desarrollo de infraestructuras previsto es probable que ni se alcance.
Según el texto comunitario, a finales de septiembre de este año, había 118.000 puntos públicos para eléctricos, 3.458 para gas natural y 82 para hidrógeno en la UE. Con las previsiones individuales de cada país, se alcanzarían menos de 200.000 puntos para VE en 2020, lo que, a juicio de Bruselas, es insuficiente para los cuatro millones de vehículos que habrá según las previsiones individuales y señala que debería haber 440.000 cargadores, lo que supondría un desembolso de 3.900 millones de euros.
Para cumplir con los pronósticos en materia de sistemas de recarga de eléctricos será necesario invertir 904 millones de euros, antes de 2020; 357 para Gas Natural Comprimido (600 hasta 2025), 257 para Gas Natural Licuado y 707 para hidrógeno, hasta 2025. Al GLP no se le incluye en la directiva, porque ya hay 30.000 puntos y no se cree necesario un mayor desarrollo, han aclarado fuentes de la Comisión a este medio.
Bruselas calcula que con las 24 hojas de ruta presentadas se conseguirá reducir el NOx en un 0,37% para 2020 y un 1,5% en 2030 y el CO2 en un 0,4% y un 1,4%, en cada uno de estos ejercicios. En términos económicos, se generaría un valor agregado bruto de 2.519 millones de euros y 46.693 empleos hasta 2025.
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