Ignacio Anasagasti / Madrid
La Agrupación de Afectados por Volkswagen, integrada por 12 despachos de abogados que representan a más de 1.500 propietarios de vehículos equipados con el software que trucaba las emisiones, ha informado hoy de que tienen previsto reclamar, dentro de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra el consorcio alemán, que la Dirección General de Tráfico (DGT) se ponga en contacto por carta con todos los titulares inmersos en el Dieselgate, para comunicarles la existencia del proceso penal y que han sido “víctimas de delitos”.
Esta entidad, que se ha presentado públicamente esta mañana en Madrid, ha cuestionado, por el contrario, el papel del Gobierno, al que le han acusado de “connivencia” con la empresa, por permitir que la DGT se dirigiese a los afectados, adjuntando una comunicación del fabricante y recomendando, además, que se hiciera la medida de servicio propuesta para resolver la incidencia de emisiones. “Es algo inaudito y escandaloso. Ningún país del entorno ha hecho lo mismo”, expusieron desde la Junta Directiva de la asociación.
Aparte de ello, mostraron sus dudas sobre la legalidad de este proceder. ˝Bajo qué norma ha accedido Tráfico a los datos de los propietarios”, expusieron los abogados, añadiendo que van a requerir al organismo público, dirigido por Gregorio Serrano, explicaciones de “por qué determinó que las reparaciones son válidas”.
Una larga lista de daños
De acuerdo con la agrupación, el trucaje de los motores del Grupo VW, que afecta en España a 683.626 vehículos diésel, ha supuesto, antes que nada, un daño moral, ya que los clientes “no han visto cumplidas sus expectativas”. Asimismo, hay otro perjuicio material, en una cuádruple vertiente.
Primero, porque la reparación ofertada podría suponer un incremento del consumo de combustible de entre un 5% y un 15%; segundo, porque se produciría un coste superior de mantenimiento a medio y largo plazo, relacionado con un mayor uso de la válvula EGR —pasaría de estar activa entre un 10% y un 20% del tiempo antes de aplicar la solución a casi todo el tiempo—; tercero, porque se experimentaría una disminución del rendimiento del propulsor, especialmente en regímenes medios de par. Y cuarto, porque los automóviles han visto reducido su valor residual. Todos estos argumentos han sido rechazados de facto por VW desde el inicio de la crisis.
A consecuencia de estos problemas, los 12 despachos agrupados creen que los afectados tienen derecho a una indemnización que “estaría entre el 10% y el 20% del valor del vehículo en el momento de la compra”.
Todos los particulares que quieran participar en la causa penal ya no lo podrán hacer en solitario, sino que tendrán que adherirse a algunas de las acciones colectivas que forman parte del proceso, entre ellas la Agrupación de Afectados por Volkswagen. Asimismo, están presentes otras seis acusaciones, por ejemplo la Asociación de Perjudicados por Entidades Financieras o Facua.
En el caso de la agrupación, los interesados en iniciar su reclamación no tendrán que asumir ningún coste, sino que la remuneración de los despachos dependerá del éxito del proceso. Si se diera este escenario, percibirían un 20% de la cantidad recuperada.
