Alberto Gutiérrez Molinero/ Madrid
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado hoy que el Ejecutivo no ha tomado ninguna decisión sobre la posibilidad de cobrar peajes en las autovías: “eso no va a ningún Consejo de Ministros”, ha asegurado. Con estas declaraciones, Rajoy parece zanjar, de momento, eltema del copago en las autovías que destapó el diario Cinco Días, según la cual el Ministerio de Fomento estudia empezar a cobrar “peajes blandos” a todos los vehículos ligeros que circulen por buena parte de las autovías del Estado. Se salvarían de momento los camiones.
Se trata de tarifas más bajas que los peajes tradicionales y su finalidad es recaudar lo suficiente para financiar la conservación de las carreteras. En total, hay 3.300 kilómetros de autopistas de pago, por otros 15.600 de autovías con acceso gratuito para toda clase de vehículos. De las de pago, nueve están en riesgo de declararse en concurso de acreedores, mientras que el presupuesto de las gratuitas se ha recortado.
Según una información que ha publicado el diario económico Cinco Días, al Gobierno le preocupa y mucho la posible quiebra de una decena de concesionarias, con una deuda acumulada de 4.000 millones, afectadas por el desplome de sus tráficos y los sobrecostes de construcción. La responsabilidad patrimonial de la administración haría a Fomento titular de la deuda bancaria en caso de insolvencia. En este sentido, las autopistas -participadas por las mayores constructoras del país- demandan el reequilibrio económico para refinanciar la citada deuda.
Una posible solución que viene de Europa, es la directiva conocida como Euroviñeta, que aconseja que los vehículos más pesados paguen un peaje por circular por las principales autovías. Se calcula que el Estado ingresaría unos 3.000 millones de euros anuales. Sin embargo, el Gobierno no quiere cargar con más impuestos a este sector, muy afectado por la crsis.
Cobrar sin conflicto
De esta manera, la medida se aplicaría a los coches y no a los camiones y todo lo recaudado irá íntegramente a costear la conservación. De esta manera, el Gobierno cree que haría compatible el cobro de peajes baratos (en este caso no hay que amortizar el coste de construcción), cuya recaudación permita seguir conservando la red en buen estado, con mantener la paz con el sector del transporte pesado.
