Ignacio Anasagasti / Madrid
Los concesionarios esperan con fruición que se apruebe en los próximos meses la Ley de Contratos de Distribución, cuya tramitación quedó aparcada con el adelanto electoral. No obstante, ya hay quien advierte que “por sí sola no va a arreglar todos los problemas” de los distribuidores, entre ellos la fijación de stock.
Así lo piensa por lo menos el presidente del Comité de Diálogo Sectorial (órgano creado a raíz de la firma del Código de Buenas Prácticas que reúne a representantes de la Administración, de Anfac, Aniacam, Faconauto y Ganvam), Jorge Viera, para quien es necesaria la autorregulación.
Viera, que participó ayer en el XX Congreso Nacional de Faconauto, apuntó que el Código de Buenas Prácticas “con o sin ley tiene una función propia y trascendental en el sector”. En el caso de que finalmente no se apruebe ninguna normativa, cree que servirá de “órgano regulador y de cortafuego para la resolución de conflictos tanto sectoriales como individuales”, ya que incluye un sistema de mediación, que ha sido aceptado por las marcas y por la mayoría de los concesionarios.
El presidente del Comité de Diálogo es consciente de que el Código recoge “principios mínimos ya positivados en la jurisprudencia” y que para su aprobación se “sacrificó el carácter normativo”, ante las posturas encontradas de las partes. Sin embargo, indica que “ha nacido con vocación de continuidad” y que “lo lógico es que vaya ganando en sustantividad”, una vez vaya “calando” el diálogo en el sector. “Hay que tener paciencia. No vamos a hacer autorregulación en dos días”, sentencia.
Reunión del Comité
La tercera reunión del Comité de Diálogo sectorial se celebra hoy y estará presidida por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Este órgano tiene como principal función la puesta en común de las controversias sectoriales.
En las dos reuniones precedentes, “ya han salido problemas, como el de las cancelaciones de contratos”, según Viera. Faconauto informa que desde la suspensión de la Ley de Distribución se han cancelado 1.500 contratos.
