El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció el pasado 18 de enero, durante el desayuno informativo Fórum Europa Nueva Economía, que el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible irá en febrero a Consejo de Ministros para su aprobación, con el objetivo de cumplir con el compromiso adoptado con Bruselas de sacar adelante la normativa antes de finalizar el año. Y es que esta regulación tendría que haber entrado en vigor el curso pasado, pero su tramitación decayó debido al adelanto electoral.
El ministro afirmó que la legislación establecerá las reglas para repartir las competencias de la movilidad entre las distintas administraciones. Además, impulsará «definitivamente» el traslado de mercancías por ferrocarril —uno de los pilares de la estrategia junto al transporte público— y «reforzará el papel de las zonas de bajas emisiones (ZBE), facultando la implantación a los ayuntamientos de tasas de circulación o peajes urbanos», entre otras medidas.
«Debemos pasar del quien contamina paga, al quien contamina no puede circular», dijo Puente. De la misma forma, destacó el papel de los fondos europeos para lograr los objetivos de descarbonización.
Por otra parte, el Ministerio ha abierto una consulta pública para detectar las necesidades y proyectos de las empresas en materia de transformación sostenible y digital del transporte, la cual ya está abierta —se puede participar en la sede electrónica del Ministerio— y cuyo plazo finalizará el 29 de febrero de 2024.
