El ambicioso plan de infraestructura y potencia del vehículo eléctrico de Joe Biden comienza a tener números concretos dentro de su presupuesto previsto de 2,9 billones de euros. Los últimos en barajarse son unos incentivos fiscales que pueden ascender hasta 12.500 dólares por adquirir un coche cero emisiones, atendiendo a ciertos parámetros.
Las condiciones para que se puedan aplicar son, en primer lugar, que el comprador no supere los 400.000 dólares de ingresos anuales —en línea con la intención del presidente de EEUU de solo subir los impuestos a las grandes fortunas—, y que el vehículo cueste menos de 55.000 (turismos); 64.000 (furgonetas); 69.000 (SUV) y 74.000 dólares (pick-up).
Así, en la propuesta legislativa presentada en la Comisión Ways and Means del Congreso —la responsable de política fiscal—, el importe base que contemplan durante los cinco primeros años de su puesta en marcha sería de 7.500 dólares por comprar un eléctrico, el incentivo máximo permitido actualmente. Además, si el modelo se fabricó en una planta estadounidense con representación del sindicato United Auto Workers (UAW), se sumarían otros 4.500 dólares; y otros 500 más en el caso de que la producción de baterías fuera también dentro de sus fronteras, para llegar a un total máximo de 12.500 dólares.
El plan, que estaría en efecto durante 10 años, tiene previsto que pase esta semana por el pleno de la Cámara Baja para su potencial aprobación. Durante el último lustro, las ayudas se mermarían hasta llegar a un tope de 7.500 dólares.
Las baterías son también un factor a considerar para los legisladores: durante los dos primeros años, aquellos modelos con menos de 40 kWh de capacidad solo podrán recibir una base de 4.000 dólares —haciendo del máximo 9.000—; y entre los años tres y cinco, habrán de tener más de 10 kWh.
«Esta iniciativa se alinea con el objetivo de Biden para que la mitad de los vehículos vendidos en 2030 sean electrificados», afirmó el congresista que firma la propuesta, Dan Kildee. «Una vez lleguemos a ese punto, no creo que tenga sentido seguir ofreciendo estos incentivos, pues ya se habrán equilibrado los precios entre los térmicos y ellos», sentenció. El coste total del plan se estima que supondrá unos 28.700 millones de euros.
«Injusto y discriminatorio»
Si bien el plan ha sido recibido de brazos abiertos por el Big Three de Detroit, ya que sus fábricas están organizadas bajo el UAW, otros constructores con producción estadounidense que no cuentan con representación de los trabajadores —porque decidieron erigir sus plantas en estados donde es fácil reprimir las iniciativas sindicales—, como Toyota (con localizaciones en Texas, Indiana, Kentucky y Mississippi) u Honda (en Ohio, Alabama, Indiana y las dos Carolinas) se han mostrado críticas con la propuesta, afirmando que «merecen ser tratadas con equitatividad por el Congreso, sin importar si pertenecen a un sindicato».
Otro de los fabricantes que se verían negativamente afectados sería Tesla, cuyo presidente, Elon Musk, no perdió tiempo para tuitear que «el texto había sido redactado por el lobby de Ford/UAW».
Otra organización que aprovechó las noticias para mostrarse crítica fue la Asociación de Concesionarios Internacionales de América (AIADA), que representa los intereses de marcas extranjeras. Según su consejero delegado, Cody Lusk, «se trata de una bofetada para todos los trabajadores estadounidenses que no creen que todo puesto de trabajo debería tener representación laboral y que el erario debería dirigirse a ese fin». Las marcas que representa esta patronal suman un total de 673.000 trabajadores en Estados Unidos.
