El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial de Canarias, José Antonio Valbuena, ha confirmado la ampliación de cinco a 15 años del plazo máximo para que las empresas de alquiler de vehículos cuenten con una flota neutra en emisiones que figuraba en la redacción original del artículo 58.3 del borrador de la Ley de Cambio Climático, según afirman a La Tribuna de Automoción fuentes de la patronal de concesionarios canaria Aconauto.
Esta organización mantuvo ayer una reunión de trabajo con el responsable del Ejecutivo regional para abordar el desarrollo de la citada normativa, el Plan Moves II y la estrategia de las islas con la implantación del hidrógeno en el transporte, dentro de la hoja de ruta española sobre esta energía aprobada recientemente en Consejo de Ministros. El compromiso de modificar ese plazo, considerado “inviable” por la asociación, lo asumió el presidente del Gobierno insular, Ángel Víctor Torres, en otro encuentro con los representantes de la distribución, celebrado el 6 de octubre, en el que, además, aceptó lanzar un plan de ayudas a la compra de coches propio en la autonomía.
A pesar del incremento del tiempo, podría haber otras modificaciones en el futuro durante el proceso de la tramitación de la legislación –el Consejo de Gobierno va a tomar en consideración el borrador próximamente, para después abrir otra consulta pública, antes de iniciar la andadura parlamentaria–, debido a que el consejero se mostró abierto a seguir trabajando conjuntamente en su definición.
Incluso con la fijación de los 15 años –lapso aplicable desde la entrada en vigor de la normativa–, la exigencia de electrificar la flota del RAC, que asciende a cerca de 90.000 coches, es un planteamiento mucho más ambicioso que el que está ya en marcha en la Ley de Cambio Climático de Baleares, que supone que en 2035, tras un proceso paulatino iniciado en 2020, el 100% de las compras del rent a car sean de modelos de cero emisiones, alcanzando un mínimo del 30% de la cuota en el parque de las empresas.
Esta última regulación generó un fuerte rechazo entre una parte relevante del sector del alquiler, representada por Baleval –integrada en Feneval–, que consideraba que no es posible cumplir con el requisito marcado, sobre todo, por falta de infraestructura de carga. En este sentido, llegó a pedir, primero, una moratoria de un año para su entrada en vigor y después, tras el impacto de la pandemia, una de dos. Ambas fueron desestimadas por el Gobierno balear, que sí trasladó que la ejecución y el control del cumplimiento se haría de manera flexible.
Aunque el texto del artículo 58.3 del borrador de Canarias se refiere a vehículos con emisiones neutras, fuentes del sector explican a este medio que la administración contempla que en esa categoría se encuentran no solo los eléctricos puros, sino también los modelos con hibridación.
Pese a ser una patronal de concesionarios, Aconauto está defendiendo los intereses del sector del RAC, porque también trabaja de la mano con la Asociación de Empresas Canarias de Alquiler de Vehículos (Aecav), cuyo presidente, Rafael Cabral, está participando en todas las reuniones de trabajo impulsadas por la organización de vendedores. Asimismo, uno de los socios de está última es el Grupo Domingo Alonso, que gestiona las operaciones de Avis en las islas.
Un Moves II normal
Por otra parte, el consejero de Transición Ecológica señaló que la activación del Moves II –dotado con 4,7 millones de euros– en la comunidad se hará efectiva la semana que viene, después de que se remita la convocatoria al boletín oficial para su publicación el día 28. El plan de ayudas respetará las bases fijadas por el IDAE y, por tanto, no hará obligatorio el achatarramiento, como sí sucede en Baleares, de acuerdo con fuentes de Aconauto.
Según trasladó el responsable político, en estos momentos se calcula que ya hay más de 600 expedientes que se podrían acoger a los incentivos, ya que el programa permite una retroactividad para particulares desde el 18 de junio, tal y como consta en las bases aprobadas por el instituto estatal.