La Justicia ha vuelto a dar la razón a los concesionarios de automoción para que las Administraciones Públicas les paguen las subvenciones pendientes correspondientes al Plan 2000E. En concreto, en El País Vasco, un concesionario tenía pendiente de cobro ocho operaciones, lo que suponen 4.000 euros, según han asegurado fuentes de la asociación de patronales de concesionarios Faconauto.
El 7 de febrero, el Juzgado Contencioso-Administrativo de Vitoria dictaba sentencia contra la resolución del consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno vasco en la que no admitía la deuda pendiente con el concesionario y lo condenaba a pagar los 4.000 euros más los intereses legales.
Esta sentencia es la segunda en firme tras otra de mayo de 2012 en Cantabria. Según ha afirmado el presidente de Faconauto, Jaume Roura, “se ha vuelto a hacer justicia, reconociendo además que la gestión del Plan 2000E fue muy perjudicial para muchas pymes concesionarias, que adelantaron un dinero a los compradores que luego las Administraciones no reconocieron como deuda”.
En total, según Faconauto los concesionarios están pendientes de cobrar 6,8 millones de euros, corresponientes a 13.981 operaciones. De ellas, 4.370 corresponden al Ministerio de Industria, es decir, alrededor de 2 millones de euros, mientras que 9.611 son de las Comunidades Autónomas, lo que suponen 4,8 millones de euros.
Cataluña es a región que más debe a sus concesionarios, en total 3.501 operaciones y 1.750.500 euros, mientras que Extremadura es la que menos con apenas tres operaciones y 1.500 euros.
Cómo se generó la deuda
Esta deuda se generó por una mala organización en el registro de los vehículos. Los puntos de venta empezaron a adelantar las subvenciones el 8 de enero de 2010, pero no pudieron grabarlas hasta el 25 de marzo. Para esa fecha, las subvenciones de las Comunidades Autónomas se habían agotado y las del Estado habían alcanzado ya el 75% del presupuesto.
Cuando se abrió el sistema para grabar las operaciones, éste apenas estuvo abierto unas horas para los expedientes de las Comunidades Autónomas y cinco para las del Estado por llegar al cupo máximo. Como consecuencia, muchos concesionarios no pudieron grabar sus operaciones a pesar de haberlas aprobado y pagado por adelantado.
Alberto Gutiérrez Molinero/ Carlos Olmo/ Madrid
