Yago López / Madrid
La puesta en marcha de los peajes colocados en las fronteras portuguesas con España el pasado ocho de diciembre está trayendo más de un problema para las autoridades lusas, que se han visto obligadas a desplegar militares de élite de la Unidad de Intervención en la zona.
Después de que tuvieran lugar numerosos destrozos a tiros de varias cámaras de lecturas en las infraestructuras portuguesas, situadas a 70 kilómetros del puente fronterizo que cruza la desembocadura del Guadiana, en el Algarve, las unidades militares han entrado en acción, y equipados con chalecos antibalas, como medida de precaución por el disparo que recibió un funcionario cuando se acercó a uno de los puntos de cobro que se encontraba en llamas, han sido apostados en 130 kilómetros de la carretera A22 para tratar de paliar los altercados.
Los disturbios, informa El Mundo, que representan el tercer sabotaje contra estas instalaciones, son consecuencia de la medida del Gobierno luso, que según autoridades y agentes socioeconómicos supondrá una barrera a las relaciones económicas entre la comunidad andaluza y Portugal, a la vez que censuran que haya que pagar por utilizar una autovía sufragada con fondos públicos de la Unión Europea.
