La Comisión Europea (CE) ha abierto una investigación para determinar si las importaciones de biodiésel procedentes de Estados Unidos respetan las normas europeas “antidumping”, llamadas a evitar el comercio desleal, informó uno de sus portavoces.
El Ejecutivo comunitario considera que existen “suficientes indicios razonables” de que EEUU está eludiendo las medidas impuestas el año pasado a sus exportaciones de biodiésel al forzar la llegada a la UE del producto a través de Canadá y Singapur.
La Asociación de industrias europeas de biodiésel (EBB, por sus siglas en inglés), que denunció el caso ante Bruselas el pasado 30 de junio, asegura que se ha producido un “cambio significativo en el patrón comercial de las exportaciones de EEUU, Canadá y Singapur a la Unión” de manera injustificada tras la imposición de medidas europeas “antidumping”.
Ante las pruebas presentadas por EBB, la CE considera justificado abrir una investigación y, en consecuencia, ha ordenado a las autoridades aduaneras europeas que adopten las medidas adecuadas para registrar estas importaciones.
Bruselas insta a todas las partes implicadas en el caso a que se pongan en contacto de inmediato con la Dirección General de Comercio de la CE para dar su versión y ayudar a esclarecer los hechos.
Desde la Asociación española de Productores de Energías Renovables (APPA), se ha llamado la atención sobre la insuficiencia de las medidas comerciales para luchar contra las importaciones desleales.
Para esta organización, resulta evidente la necesidad de adoptar “medidas estructurales” para cortar de raíz las prácticas fraudulentas, indicó en un comunicado su presidente, Roderic Miralles.
Según APPA, además del caso estadounidense, España sufre “una avalancha de importaciones desleales procedentes de Argentina”.
Importaciones de Argentina
“Las cifras oficiales del primer trimestre de 2010 muestran que el 61% de las importaciones de biodiésel provienen de Argentina (…) cuando en el primer trimestre del 2009 estas importaciones eran inexistentes”, señala APPA.
En este contexto, la asociación considera que el Gobierno debería adoptar medidas internas, como han hecho Francia o Portugal, para combatir estas prácticas. EFE