IGNACIO ALONSO
Chapotear en el BOE. Tal es la técnica que usa el Gobierno para afrontar la reforma del mercado laboral, un retoque legislativo a las relaciones entre trabajadores y empresarios que, aparentemente, resulta imprescindible para enfrentar la crisis con garantías.
Durante dos años, dos, observamos impávidos y sin información las idas y venidas de líderes sindicales y dirigentes patronales que prometían indeterminados acercamientos en las negociaciones y buenas intenciones para acudir a la siguiente cita. El resultado fue una inane catástrofe y la probable entrada en estado de coma del diálogo social por una larga temporada. Ni aquellos fueron listos y ágiles para subirse a un mundo que cambia, ni estos, aferrados a una situación que beneficia con mayúsculas al que tiene sartén y mango, mostraron una mínima puesta al día.
En conclusión, el 17 de junio nos desayunamos con un decreto en el BOE tan farragoso y provisional que, si el cielo no lo remedia, puede causar al mercado de trabajo el mal mayor que pretendía atajar. No se pueden introducir más peorías en un texto legal. Al punto que, si se hace una lectura al pie de la letra del mismo se podría llegar a la conclusión de que hoy, en este momento, las empresas en dificultades podrían iniciar los trámites del despido colectivo en función de sus plantillas con el abono de 20 días de indemnización por año trabajado y una bonificación de ocho días a cuenta del Fogasa: total, un coste de 12 días.
Opinión completa en la edición impresa de La Tribuna de Automoción nº 349
