La eficiencia del transporte público constituyó hace dos o tres décadas un intenso debate social sobre movilidad. El mensaje de las Administraciones Públicas ponía el acento en este menester, como paso indispensable en la transición del desplazamiento privado hacia otros modos más proclives a la descarbonización de las ciudades.
La responsabilidad de esta área y sus desafíos implicó a Gobiernos centrales, autonómicos y locales. Hay que decir que han cumplido con alto grado de satisfacción. Las grandes metrópolis españolas han puesto el nivel de estos servicios a la ciudadanía en un listón superior, de los mejores del mundo, como puedo decir, con conocimiento de causa, en mi experiencia diaria con Madrid, donde he limitado al mínimo el uso de mi vehículo en los desplazamientos urbanos.
Esta apuesta por el transporte público ha sido una de las pocas en las que las pretensiones políticas se han acompasado a las necesidades ciudadanas. España tiene hoy una red de autobuses y ferrocarriles que ya no es que codicie a la de países mirados tradicionalmente con anhelo en la acometida de servicios ciudadanos: ha pasado de envidiar a envidiada.
Las tarjetas de transporte para colectivos más vulnerables o necesitados es una de las medidas sociales de más impacto
La implicación de los poderes públicos ha ido más allá de las dotaciones de equipamientos e infraestructuras y ha alcanzado a una política de subvenciones al contribuyente, facilitadora, con buenas dosis de equilibrios, de la accesibilidad a estos servicios. Las tarjetas de transporte para colectivos más vulnerables o necesitados es una de las medidas sociales de más impacto.
Quizá porque estas actuaciones acertadas han calado hondo en la comunidad, se ha bajado la guardia de las alertas, y así hemos entrado en un silencio de complacencia que no ha tardado en revelarse nocivo. En los últimos años, se ha percibido un evidente deterioro en el funcionamiento de estos transportes públicos, principalmente, en la red ferroviaria, donde el grado de masificación de uso, así como el importante incremento, no del todo atendido, en las necesarias partidas presupuestarias de mantenimiento de vías y carreteras, ha propiciado molestias crecientes, cuando no, algún que otro dramático accidente. Rentabilizar la catástrofe como cálculo electoral, práctica oportunista e inhumana, no invalida el escozor de que este país lleve tres ejercicios sin presupuestos estatales, uno de cuyos capítulos esenciales es la inversión en infraestructuras.
El transporte público se ha visto superado por una alternativa ciertamente tramposa: la de la apuesta abierta de las autoridades por los modos privados de conducción eléctrica. El vehículo electrificado desvió, más por utilitarismo que por realismo, la buena tendencia durante años de promoción del transporte público de superficie. Aislado, el envite tenía consecuencias neutrales, pero esas mismas autoridades, antaño subyugadas por los modos colectivos de desplazamiento, se cegaron ante este espejismo, que lo es del todo, si no camina perfectamente acompasado de un programa riguroso de infraestructuras de recarga y de respuestas a sus mantos de silencio . Ha sido un ejemplo de esa conveniencia política que se pone por delante de las necesidades reales de la sociedad.
El horizonte se ensombrece con las claudicaciones, políticas y económicas, de rendir pleitesía al sector más poderoso. Presentar, como lo hace el turismo, registros de PIB del 13 %, abre las casuísticas más hacia el exceso que al análisis riguroso. España es un país que se asoma a los cien millones anuales de turistas, visitantes que vendrán aquí a hacer uso y ¿abuso? de nuestros servicios. ¿De verdad, estamos preparados para asumir en nuestra oferta de prestaciones esa avalancha de viajeros? Me parece que no. Y no hay que olvidar que si un cliente, que es lo que es un turista, no queda satisfecho, no volverá. Estamos cimentado la inanidad del pan para hoy y hambre para mañana.
Hacía falta, siquiera como efecto sacudida de la modorra un informe sobre la realidad actual del transporte público en España. Lo ha presentado recientemente la asociación que engloba a los operadores públicos de transporte urbano y metropolitano en España (ATUC).
Un punto de partida acertado, el transporte de grandes masas de viajeros es un asunto de estado comparable a la sanidad o a la educación ¿Qué no? Ahí quedan las sagradas estadísticas: 4.800 millones de viajeros anuales; el 70 % de los españoles viven en municipios de más de 50.000 habitantes, obligados a las redes de transporte público; la mitad de los españoles utilizan el transporte público urbano. Eso se llama contundencia numérica.