Pablo M. Ballesteros / Ignacio Anasagasti / Madrid
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) no podrá contar con los 16,6 millones de euros de la Dirección General de Industria y Pyme para ayudas a la movilidad sostenible que figuran en los presupuestos de este último departamento para 2018, después de que el Ministerio de Hacienda haya denegado la transferencia de fondos, según han confirmado a La Tribuna de Automoción fuentes sectoriales y de la Administración.
Como consecuencia de esta decisión, este montante no podrá ser consumido durante el presente año y no se destinará a la finalidad de incentivar los vehículos de energías alternativas, debido a que Industria ya no dispone del tiempo suficiente para poner en marcha un programa por cuestiones de cierre presupuestario.
A raíz de este contratiempo, el IDAE, para minimizar lo más posible la pérdida de recursos con los que iba a dotar el nuevo plan Movalt —a los 50 millones que tenía consignados en las cuentas de 2018 iba a sumar los 16,6 millones mencionados—, ha decidido recuperar una partida de 10 millones de euros que no gastó en 2017 de su presupuesto de 50 millones y que iba a destinarse para la puesta en marcha del denominado Movalt Innovación, para desarrollar actuaciones de I+D en el campo de la electromovilidad.
Para esta iniciativa, se iban a movilizar inicialmente 15 millones de euros, sin embargo el Gobierno decidió desviar cinco millones para reforzar el Movalt Infraestructuras, que pasó a tener una dotación de 20 millones, la misma que el Movalt Vehículos. Hasta la fecha, la línea de Innovación había quedado aparcada y no había noticias de que se fuese a activar.
Con la recuperación de los 10 millones del año pasado, el IDAE aprobará el nuevo programa de ayudas con un presupuesto de 60 millones de euros, 6,6 menos que los previstos en un inicio. Tal y como adelantó La Tribuna de Automoción, este instituto repartirá los fondos entre las comunidades autónomas a partir de su población y se habilitarán cuatro líneas de apoyo diferentes: una destinada a vehículos alternativos, otra a infraestructura de carga, otra a fomentar la implantación de servicios de carsharing de bicicletas y otra para promover la movilidad sostenible en las empresas.
Fuentes de la Administración señalan que la aprobación del real decreto para activar el programa es probable que “no llegue a enero”, por lo que la puesta en marcha podría retrasarse “un poco más”.
