El pleno del Senado ha aprobado una enmienda transaccional dentro del proyecto de ley de medidas contra el fraude fiscal que implica un incremento del 20% de los límites de emisiones de los cuatro epígrafes del Impuesto de Matriculación “con efectos hasta el 31 de diciembre de 2021”, un cambio que supondrá temporalmente dejar sin efecto la mayor presión fiscal que existe desde el pasado 1 de enero a raíz de la aplicación de los valores de CO2 de la homologación WLTP en la ficha técnica de los vehículos.
La propuesta se trata de una modificación de la redacción de la Disposición adicional quinta de la mencionada legislación, que se incluyó en la tramitación de la normativa en el Congreso a partir de una iniciativa del PDeCAT, que contó con el apoyo del PP, Vox, Esquerra Republicana, Ciudadanos y el Partido Regionalista Cántabro; mientras que el PSOE y Unidas Podemos la rechazaron y el PNV se abstuvo.
Inicialmente, cuando la normativa llegó a la Cámara Alta, los socialistas y sus socios del Grupo Izquierda Confederal registraron sendas enmiendas para suprimir la reconfiguración del tributo al automóvil, que, finalmente, no fueron votadas en la Comisión de Hacienda que se celebró el 17 de junio –tampoco lo fue una de los populares, que pedía que el incremento del 20% de los tramos se mantuviera inalterado en 2021 y 2022–. En dicha sesión, el senador de Més per Mallorca, perteneciente a la segunda formación, Vicenç Vidal Matas, señaló que junto al PSOE estaban trabajando transaccionar sus postulados y que esperaba poder llegar a un acuerdo en el pleno.
A partir de estas negociaciones, que se abrieron al resto de grupos y que no se cerraron hasta hoy tras unos debates intensos, se ha llegado a un pacto, suscrito por el PSOE, ERC-EH Bildu, PNV, Izquierda Confederal y Junts per Catalunya-Coalición Canaria, que ha sido respaldado en la votación plenaria –se ha realizado, no obstante, de manera telemática– por 162 síes (todos los firmantes de la transaccional más el Grupo Democrático, con Ciudadanos Teruel Existe y PRC, y del Mixto, Vox y PAR), frente a un no (Agrupación Socialista Gomera) y 99 abstenciones (PP y UPN del Mixto).
La redacción consensuada implica una renuncia por parte de los socialistas y de Izquierda Confederal, integrado por Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera, de su intención inicial de dejar sin efecto el cambio en el Impuesto de Matriculación que se había introducido en el proyecto de ley contra el fraude fiscal. Hasta la fecha, la postura del Ejecutivo era de fuerte rechazo, como lo demuestran las declaraciones que hizo la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que calificó la modificación de “regalo demagógico” cuando se sacó adelante en la Cámara Baja el 25 de mayo.
La reformulación impositiva, que pondrá fin al mayor pago que tienen que hacer frente los consumidores en la compra de coches desde enero –según los cálculos de Anfac, la subida afecta al 48,4% del mercado–, no se hará efectiva hasta que la legislación contra la elusión fiscal ratificada en el Senado sea refrendada de manera definitiva en el Congreso –se votará en un pleno extraordinario el 30 de junio–, algo que ya es un mero trámite, de modo que el sector de automoción ya tiene garantizada esta medida que venía defendiendo desde finales de 2020.
Los nuevos epígrafes del Impuesto de Matriculación
A raíz de la enmienda transaccional aprobada, el primer tramo del tributo, que actualmente se refiere a los vehículos con emisiones iguales o inferiores a 120 gramos de CO2 por kilómetro recorrido –los cuales están exentos del pago–, pasará a incluir a aquellos que tengan niveles no superiores a 144 g, es decir, un 20% más.
El segundo, en el que se abona un 4,75%, se repercutirá sobre los coches que emitan más de 144 g y menos de 192 g, frente a los límites de 120 y 160 de ahora; el tercero (9,75%), sobre los que registren valores no inferiores a 192 g y menores de 240 g (en la actualidad 160 y 200); y el cuarto (14,75%), sobre los que tengan 240 g o más (ahora, 200).
Con los nuevos parámetros establecidos que se aplicarían, desde su entrada en vigor, hasta el 31 de diciembre, el Gobierno se ha avenido a dar un respiro de unos meses a la automoción, que sigue sufriendo el impacto de la pandemia en el mercado. La fijación del plazo aprobado no es casual, debido a que el Ejecutivo tiene previsto llevar a cabo la reforma integral de la fiscalidad del motor en el primer trimestre de 2022, tal y como estableció en el plan de recuperación remitido a la Comisión Europea. Sin embargo, el lapso hasta finales de ejercicio podría quedarse corto y que el sector vuelva a enfrentarse a una mayor presión fiscal a comienzos del próximo año, teniendo en cuenta que, entonces, podría no estar lista la reconfiguración de los impuestos de Matriculación y Circulación.
Reacciones parlamentarias
En el debate del pleno, la senadora del PSOE, María Pilar Delgado Díez, ha agradecido a todos los grupos haber sido capaces de alcanzar una enmienda de transacción para resolver las diferencias que había sobre la figura impositiva, destacando que su formación, “siendo conscientes de las dificultades del sector”, no renuncia “a los objetivos de desarrollo sostenible”, por lo que han apostado por que la medida “tenga una vigencia limitada hasta el 31 de diciembre de 2021”. “Este impuesto no obedece a cuestiones económicas, sino medioambientales. […] Debemos avanzar hacia la movilidad sostenible, la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire, minimizando la contribución de la movilidad en las emisiones contaminantes“, concluyó.
Desde Izquierda Confederal, Vicenç Vidal Matas, ha explicado que con el acuerdo con el PSOE, “después de cómo quedó el texto en el Congreso en el que se daba un paso atrás“, se ha llegado a “un punto de equilibrio entre los que pretendíamos mantener el sistema moderno y establecido en Europa y los senadores que pretendían mantener el actual”.
Otra formación que ha respaldado la transaccional, ERC, ha dicho, por boca de su senador, Jordi Martí Deulofeu, que “la crisis de la Covid-19 ha impactado gravemente sobre muchos sectores, como el de la automoción” y que “con esta medida acordada de carácter temporal, damos margen para la recuperación, pero reiteramos nuestro pleno compromiso con los objetivos de descarbonización al revertirla en 2022″.
Desde Junts per Catalunya, su portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, ha celebrado “el pequeño acuerdo”, aunque ha matizado que “se debía dar un margen más amplio hasta finales de 2022”. “Como no hay más, hemos hablado con el sector y lo vamos a aceptar”, apostilló.
Por su parte, el PP, a través de su senador, José Vicente Marí Bosó, ha indicado que “mantenemos nuestra oposición al hachazo fiscal en el Impuesto de Matriculación y en todo caso si lo logran sacar adelante, establezcamos un periodo transitorio y que no entre en vigor hasta 2023″.
(Información actualizada a las 11:15 del 24 de junio con el resultado de la votación de la enmienda transaccional promovida por el PSOE)