Tras el anuncio de la CNTC de convocar paros a finales de junio en todo el transporte por carretera en protesta por la “falta de respuestas” del Gobierno a su sector, el Consejo de Ministros aprobaba el pasado 7 de julio un paquete importante de medidas de apoyo y ayuda a este tipo de servicios a través de un real decreto-ley.
Entre ellas, destaca la incorporación de “una prórroga de 3 meses de la validez de los certificados de inspección técnica de los vehículos (ITV)”, siempre y cuando la fecha de revisión esté comprendida entre el 21 de junio y el 31 de agosto de 2020, contando desde el vencimiento. Además, según afirman desde el Ejecutivo, mientras este aplazamiento esté vigente, “las empresas de transporte público de mercancías y de viajeros titulares de una licencia comunitaria tendrán preferencia en el paso por las estaciones ITV”.
Junto a esto, también se ha dado el visto bueno al “restablecimiento del equilibrio económico de los contratos de gestión de servicios de competencia estatal”, en especial de los que regulan el transporte de viajeros por carretera de uso general; mientras que, para las empresas privadas, se ha validado una moratoria en el pago de las cuotas de préstamos, leasing y renting de camiones de más de 3,5 toneladas de MMA así como de autobuses.
Este último punto, según argumenta el comunicado hecho público por el ministerio que dirige Jose Luis Ábalos, permitirá “un aplazamiento de hasta 330 millones de euros” para los primeros, y de hasta 250 para los segundos. En total, según los cálculos de la Administración, el importe destinado a las compañías privadas de este sector, tras la implementación de este paquete de medidas, ascenderá hasta los 663 millones de euros.
Del mismo modo, en el real decreto-ley también se ha añadido un aumento de la capacidad de endeudamiento de Renfe hasta los 1.000 millones, lo cual, según defienden desde el Ministerio de Transportes, “compensará la caída de la demanda e impulsará la recuperación de servicios”.