La Secretaría de Estado de Energía espera que se apruebe el Estatuto de Consumidor Electrointensivo antes del final de verano, ya que “se tramitará de modo urgente a través del Consejo de Estado”. Esta medida es un paso hacia el equilibrio de los precios energéticos en España en comparación con el resto de países europeos, una reclamación frecuente por parte de la industria nacional.
Según Sara Aagesen, que encabeza este organismo, “los costes energéticos a finales de 2019 y 2020 comenzaban a alinearse” con los alemanes o franceses y su Secretaría espera aprobar “muy pronto” un sistema de garantías para los PPA -acuerdos de compra de energía- similares a los que funcionan en el resto de Europa, aumentando la competitividad del mercado.
Así lo puso de manifiesto en la mesa redonda Objetivos para la reconstrucción social y económica de España organizado por Servimedia el 25 de junio. En ella, participaron, además, el director de Economía de CEOE, Gregorio Izquierdo; el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia; y el director de Relaciones Institucionales de Endesa, José Casas Marín.
Ellos expresaron la necesidad de una reforma fiscal basada en la transición a las energías renovables en las que los impuestos se distribuyesen de una forma más eficiente, ya que, en palabras de Pérez de Lucia, “existen sectores mucho más beneficiados que otros. Si el objetivo es descarbonizar, hay que aprobar medidas en esa dirección”. A este efecto, Aagesen, concordó que las intenciones del Gobierno eran las de fomentar el comportamiento de los consumidores a través de condiciones favorables, en vez de imponer sanciones.
En la reciente aprobación del Real Decreto Ley 23/2020, ya se observan unas inicipientes medidas que afectan a la automoción: el incremento del 12% al 25% de la deducción fiscal de innovación en procesos en las plantas industriales y la fijación de libertad de amortización «en 2020 y 2021» de inversiones materiales que impliquen sensorización e implantación de sistemas modulares en las cadenas productivas o reduzcan su impacto ambiental.
Esta norma permitirá, además, la instalación de puntos de generación eléctrica sostenibles con mucha mayor rapidez hasta la fecha -y evitando la “burbuja” de proyectos no maduros-, en línea con los objetivos de llegar a producir un 75% del mix de fuentes renovables en 2030. El plazo medio para crear una planta fotovoltaica son 18 meses, y una eólica, 24.
La importancia del hidrógeno
La secretaria de Estado de Energía afirmó que están recibiendo proyectos piloto de todas las envergaduras, y que su organismo es el encargado de trazar la hoja de ruta, que saldrá “dentro de muy poco a consulta pública”. El objetivo de la Administración es no quedarse fuera de un posible IPCEI respecto al gas, como ocurrió con las baterías de ión-litio.
Producir un excedente de energía renovable es una posibilidad muy real para España, lo que permitiría generar hidrógeno a través de electrólisis a un coste muy reducido, con los beneficios de transporte y almacenamiento que trae aparejados.
