A menos de un mes de las elecciones del 29N, representantes del PSOE, Podemos, Esquerra Republicana, Bildu, PNV y Frente amplio se han sentado en una mesa de debate organizada por Transport & Environment para dar algunos detalles de sus propuestas en el ámbito de la movilidad.
Pese a que todos los presentes defendieron la electromovilidad y su importancia tanto a nivel climático como motor de la reindustrialización de las plantas españolas, difirieron en el ritmo y herramientas para potenciarlo. Por ejemplo, respecto a los incentivos, la secretaria de Estado de Derechos Sociales y coordinadora de Sumar, Rosa Martínez Rodríguez, en este caso representando a Frente Amplio, defendió que el esquema de subvenciones debe estructurarse bajo tres pilares fundamentales: eficiencia, excluyendo a los vehículos híbridos por su escaso beneficio ambiental real; equidad, fijando un tope de renta a los beneficiarios y un límite al precio del vehículo subvencionado; y retirada gradual de los coches de combustión. Asimismo, sugirió una reforma fiscal que favorezca la electricidad frente a los combustibles fósiles, calificando como «una oportunidad perdida» que el Congreso no equiparase la fiscalidad del diésel a la de la gasolina.
Por su parte, la ex-Presidenta de la Comisión de Industria en el Congreso de los diputados y cabeza de lista en la candidatura al Congreso de ERC por Lleida, Inés Granollers, sostuvo que la movilidad es un derecho fundamental y criticó que el actual sistema otorgue las ayudas uno o dos años después de la compra, lo que excluye a las familias con menor liquidez; por ello, desde su partido proponen implantar ayudas directas al comprador de forma inmediata. Por otra parte, en materia de transporte pesado, la formación también señala las asimetrías existentes al recordar que, de las ayudas destinadas a la renovación de flotas de mercancías, solo se financiaron 418 camiones, de los cuales 243 fueron a parar a grandes empresas y únicamente uno a un conductor autónomo.
En contra de esta crítica, ex-consejero del Govern de les Illes Balears y secretario de Transición Justa, Marc Pons, representando al PSOE, reivindicó la acción del Ejecutivo destacando la movilización de 4.000 millones de euros públicos a través del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (financiado con fondos Next Generation), lo que ha permitido «atraer más de 20.000 millones de euros en inversión privada para reindustrializar el país». En esta misma línea industrial, el ex-Senador y actual número dos del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en la candidatura al Congreso de los Diputados por Bizkaia, Igotz López Torre, insistió en la necesidad de acelerar la transición hacia la electrificación y desplegar una red de recarga amplia y eficiente (un aspecto que compartieron los demás ponentes) debido a la relevancia estratégica de la automoción —que engloba a más de 40.000 trabajadores y a más de la mitad de las empresas del sector en Euskadi—.
Desde Podemos, Juantxo López de Uralde, ex-Director de Greenpeace en España, ex-diputado en el Grupo Parlamentario Unidas Podemos y ex-Presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográficose, alertó sobre las presiones en la Unión Europea para retrasar los plazos de descarbonización, advirtiendo de que frenar la transición hace que el continente pierda competitividad frente a potencias como China.
Finalmente, Mikel Otero, cabeza de lista de EH Bildu al Congreso de los Diputados por Álava, abogó por incorporar las demandas de las organizaciones ecologistas, priorizando el transporte público, la electrificación y el impulso de servicios a demanda para cohesionar el mundo rural mediante el apoyo de iniciativas como el Plan Social para el Clima.
T&E: 'leasing social' e impuestos a las petroleras
Por su parte la federación ecologista organizadora del evento, Transport & Environment (T&E), presentó un paquete de medidas sugeridas para que las distintas candidaturas las asuman en sus compromisos electorales, entre las que destacan una puesta en marcha de un sistema estatal de leasing social con cuotas mensuales reducidas para VE, dirigido a rentas bajas, usuarios vulnerables, trabajadores autónomos y residentes de zonas rurales. Además, para financiar este mecanismo y la infraestructura de recarga, T&E plantea crear un impuesto permanente sobre los beneficios extraordinarios de las petroleras que nutra un Fondo de Electrificación del Transporte.
Otra propuesta de la organización es reformar el programa Auto+ concentrando el 100 % de los fondos en vehículos eléctricos puros —liberando cerca de 70 millones de euros para financiar 20.000 eléctricos adicionales al retirar los híbridos enchufables— y exigiendo que el ensamblaje se realice en la UE para proteger la industria europea.
