La Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores (Ganvam) celebrará el próximo 7 de octubre la primera edición de su jornada jurídica bajo el título «Seguridad jurídica para una movilidad segura, conectada y sostenible» en la que busca dar respuesta a cuestiones cotidianas que requieren de la interpretación del Derecho.
De hecho, los bloques preparados versan sobre el valor del vehículo, la normativa de garantías en la venta y reparación, la economía circular o el acceso al dato aunque desde aquí surgirán infinidad de cuestiones a las que atender y dar respuesta y que se podrán solucionar durante el curso de las ponencias o en el tiempo posterior de networking. Esta jornada, además, cuenta con la coorganización de la Asociación Española de Desguace y Reciclaje del Automóvil (Aedra).
La inauguración corresponderá al Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, José Manuel Suárez Robledano, así como del presidente de Ganvam, Jaime Barea; su homónimo en Aedra, Germán Catoira; y la directora de Business & Tech Grupo UAX y decana de la Facultad, la doctora María del Castillo Díez. A estos les seguirá la magistrada del Tribunal de Instancia de Madrid, Cristina Villa, donde introducirá la cuestión de la valoración objetiva del vehículo.
Cuestiones de interés general
Se abordarán, entre otras cuestiones, cuál es la referencia objetiva para determinar el precio de un automóvil en un procedimiento judicial; si es suficiente el venal de una aseguradora para reparar el vehículo o si las ofertas de internet sirven como criterio para valorar un vehículo, así como en caso de discrepancia entre diferentes sistemas de valoración, ¿qué elementos deben prevalecer? Junto a esto también se interpretará la importancia de la IA al establecer tarifas y qué papel juegan los peritos en la valoración.
Por su parte, con la colaboración del catedrático de Derecho Civil de Cunef Universidad, Lorenzo Prats, se ahondará en asuntos relacionados con las garantías y la reparación, tales como si debe ser igual la solución jurídica para un vehículo con pocos meses de uso que para otro con varios años de antigüedad; qué encaje jurídico tiene actualmente la utilización de piezas recuperadas en una reparación o quién garantiza la calidad de la pieza eco, entre otros.
La jornada contará también con la presencia del presidente y fundador del Grupo Educativo UAX y de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), Jesús Núñez Velázquez, para analizar el impacto de la conectividad y del acceso al dato en la competitividad de las pymes del sector. Y, a través de una conferencia del magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Santiago Senent, se abordará una de las principales líneas de trabajo de la patronal del sector de la distribución. En concreto, Ganvam —representando a España ante la administración europea— impulsó que la DATA ACT (Reglamento UE 2854/2023 que entró en vigor el pasado 12 de septiembre) reconociera que el dato es del usuario y que este acceso al dato del vehículo conectado es un factor de competencia.
Operar con seguridad jurídica
Partiendo de este marco, Ganvam Jurídico analizará el contexto para que las pymes de la venta y reparación de vehículos puedan operar con seguridad jurídica y en igualdad de condiciones con los servicios ofrecidos por los fabricantes, en favor de una oferta más competitiva para el consumidor. Y, para finalizar la jornada, será el juez del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, el encargado de la clausura de la primera edición de Ganvam Jurídico.
En palabras del presidente de Ganvam, Jaime Barea, «la transformación del mercado está planteando nuevos desafíos jurídicos que afectan directamente a la actividad diaria de distribuidores, talleres, aseguradoras, centros autorizados de tratamiento y al conjunto de operadores de la movilidad, en general. Ganvam lleva décadas aportando conocimiento al sector desde una perspectiva empresarial: datos, análisis de mercado, rentabilidad y anticipación de tendencias. Sin embargo, existen cuestiones cuya respuesta depende de la interpretación del Derecho. Por ello, esta jornada propone un enfoque diferente: trasladar a la judicatura cuestiones esenciales que encuentran las empresas en su actividad cotidiana y contribuir a crear criterios estables para generar una mayor seguridad jurídica a las empresas del sector».
