Pablo M. Ballesteros / Alberto Roventy / Madrid
El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 15/2018, por el cual se elimina la figura del gestor de carga, con 180 votos a favor dos en contra y 160 abstenciones, tras votar 342 parlamentarios. La aprobación en el pleno de la Cámara Baja, seguido por La Tribuna de Automoción, era muy importante ya que, por la vía jurídica elegida, solo se podía votar a favor o en contra, pero en ningún caso plantear enmiendas. No obstante, aunque ya está en vigor desde el 7 de octubre, se tramitará como proyecto de ley, por vía de urgencia, por lo que admitirá modificaciones.
De esta forma, para poder proveer electricidad a los coches cero emisiones, bien sea con interés económico o de forma gratuita, ya no será necesario ser gestor de carga, es decir, “estar constituido como una sociedad mercantil que desarrolla la actividad destinada al suministro de energía para la recarga de vehículos eléctricos”.
El Real Decreto-ley 15/2018, publicado en el BOE el sábado 6 de octubre y recién convalidado en la Cámara Baja, supone la supresión de una figura regulada el 9 de mayo de 2011, en la Ley del Sector Eléctrico, y que, según el Gobierno es “excesivamente rígida y desincentivadora” a la hora de desplegar la infraestructura de recarga, y la falta de ésta “detrae a los usuarios de adquirir un vehículo enchufable”.
En este sentido, el sector lleva siete años reclamando la eliminación de este trámite burocrático ya que dificulta, sobre todo, la instalación de puntos de recarga en las grandes superficies, porque obliga a compañías, cuya actividad no es la energética —como El Corte Inglés o Ikea—, a realizar unos trámites burocráticos o a contratar una tercera empresa que preste este servicio, cuando en la mayor parte de los casos se trata solo de una gentileza hacia el cliente de la que no obtienen beneficio.
Un gran mapa de la infraestructura de carga
No obstante, la supresión de la figura del gestor de carga “no merma la seguridad de las instalaciones, que deberán cumplir con la normativa correspondiente en el ámbito de seguridad”. Además, se deberá informar a la Administración para el seguimiento de la actividad y la creación de una gran base de datos para conocer dónde se encuentran los cargadores de VE a nivel europeo.
Durante su comparecencia en el pleno del Congreso, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha avanzado que estas iniciativas “deberán ser completados por medidas de impulso en los próximos meses”.
En el Real Decreto-ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, también se incluyen otras cuestiones como la anulación del Impuesto al Sol y la reforma del bono social —éste último punto es el que ha empleado el Gobierno, ante la llegada del invierno, para justificar la urgencia de la ley—.
El Partido Popular ha votado en contra de la eliminación del gestor de carga, incluido en el Real-Decreto ley 15/2018, pero por el resto del contenido de la ley. De hecho, el diputado de esta formación, Guillermo Mariscal, ha señalado que estaba a favor de este punto en concreto y ha recordado que fue una figura creada por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.
Además, también ha recordado que el Gobierno, por los presupuestos de 2018, tiene a su disposición 66,6 millones de euros para el desarrollo de la movilidad sostenible, de los que no han hecho uso.
La portavoz de Ciudadanos ha defendido la derogación del Real Decreto-ley porque se incluye en el texto el llamado cupo eléctrico vasco, por el cual se elimina el pago del peaje en la factura a la industria vasca y navarra lo que supondría un ahorro para éstas de 100 millones de euros, lo que, a su juicio, supone una discriminación frente al resto de regiones.
Por último, el PNV, aunque ha apoyado la convalidación de la normativa, se ha opuesto a la derogación de la figura del gestor de carga, porque a su juicio, es necesario controlar la demanda de electricidad para el vehículo eléctrico y porque puede suponer que se deje de cumplir las obligaciones fiscales, en caso de que el servicio lo ofrezcan particulares.
Los partidos que han votado a favor han sido PSOE, Unidos Podemos, ERC, PdeCat —tras conseguir el compromiso de que las empresas catalanas se van a beneficiar de las ventajas de las vascas—, PNV, Compromis, UPN —que se ha desmarcado del PP, seguramente porque también le beneficia el cupo eléctrico vasco—, Bildu y Coalición Canaria.
