La relevancia informativa se ha instalado en el griterío. O haces ruido o te comes un colín, que diría el castizo. Portadas, tertulias, redes sociales y minutajes audiovisuales están sometidos al lenguaje de carraca que ha adoptado la disputa política por el único entorchado que interesa: el poder. El servicio al ciudadano es el papel de celofán de un envoltorio que, abierto, no contiene más que la nada, croqueta sin relleno.
Imposible sacar otra conclusión, cuando nos damos de bruces con el último informe sobre la red vial de la Asociación Española de la Carretera (AEC), en el que la primera pedrada, que 54.400 kilómetros de las carreteras españolas, un 52% de la red nacional de 101.700 kilómetros, se encuentra en situación de grave deterioro. No hay más moraleja que el sonrojo de los gestores públicos, si es que tienen capacidad para el arrebol de una mínima vergüenza.
No estamos hablando de acontecimientos extraordinarios o sobrevenidos como una catástrofe natural. Lo hacemos de una de las plataformas más contundentes de cotidianidad colectiva. Sobre esos firmes en lamentable estado, circulan todos los días millones de españoles a bordo de automóviles que, menos mal, sí han dado los pasos correctos en aras a cumplir con sus normas de seguridad activa y pasiva. En las antípodas, los árbitros de este partido que no quieren ver el penalti clamoroso a un servicio público de primera necesidad.
«54.400 kilómetros de las carreteras españolas, un 52% de la red nacional de 101.700 kilómetros, se encuentra en situación de grave deterioro»
La AEC subraya en este informe, oportunamente presentado en vísperas del éxodo veraniego, que en esos 54.000 kilómetros abandonados a su suerte, 34.000 demandan reparaciones urgentes en plazo inferior a un año. De la magnitud de esta evolución da cuenta que en el informe anterior, de 2022, de esta organización profesional de la ingeniería de caminos, la longitud vial de actuación prioritaria era de 13.000 kilómetros.
Es obvio que un firme en mal estado tiene un componente de elevación de costes que no debe tomarse a broma. Por ejemplo, penaliza el gasto de carburante o de vida útil de componentes esenciales para la seguridad del vehículo. La fuente informante calcula en 270 millones de euros para el bolsillo del usuario, solo durante los desplazamientos de este verano, las consecuencias monetarias del olvido administrativo de las infraestructuras viales.
Esto, en la coyuntura veraniega, pero si la óptica se fija en la globalidad del sector del transporte, dichos sobrecostes no podrán desligarse de una casuística inflacionista con impacto en los sufridos bolsillos de los consumidores finales, obligados a pagar la parte mollar.
Al informe de la AEC no le falta la macroeconomía de las grandes cifras. Subraya una: 13.491 millones de euros, o sea, el coste necesario para adecentar una red nacional de carreteras, ignorada, dada la evolución de las magnitudes, por gestores con la única obsesión del mando y no del servicio. En 2022 sufragar la misma necesidad se elevaba a 9.450 millones de euros.
La asociación profesional enumera las consecuencias de este sobrecogedor estudio de las carreteras españolas. Advierte de la paralización de las infraestructuras verdes, seguras y conectadas, del retroceso en la descarbonización del transporte, de la reducción de la siniestralidad vial a la mitad en 2030, del empeoramiento de las medidas contra el cambio climático, de las iniciativas contra la España vaciada y de la ralentización de las movilidades automatizadas. Costes añadidos a los ya explícitos.
La actuación en pro de una red vial adecuada al estatus de nación desarrollada exige medidas a través de los Presupuestos estatales, autonómicos y de las diputaciones, de los fondos europeos, de los sistemas de tarificación por uso y de la colaboración público/privada.
La medida más visible de las administraciones públicas contra el progresivo deterioro de las carreteras, ironiza la AEC, ha sido una señal de tráfico debajo de una limitación de velocidad avisando de un firme en mal estado. Prodigioso esfuerzo imaginativo.
Al final del verano vendrá la habitual comparecencia del Ministerio del Interior dando cuenta de la siniestralidad estival. Aumentos o descensos en la misma, ahora es puro ejercicio de adivinación. No ha lugar, pero en la cadena de excusas volverán a aparecer los tópicos de las velocidades inadecuadas y de las distracciones de los conductores. Y se pasará de puntillas, desde las preguntas y desde las respuestas, sobre la incidencia en esa mortandad del actual estado de las carreteras, dato necesario y olvidado.
