Pablo M. Ballesteros / Madrid
El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Manuel Niño, ha informado de que su gabinete ha planteado incluir «una partida presupuestaria» en las cuentas de 2016 —que no ha precisado— para ampliar los tramos de autopistas de peaje subvencionados a los camiones y así favorecer que no circulen por las carreteras convencionales.
Niño, que acudió a la presentación de un informe realizado por el RACC sobre la conveniencia de que los vehículos pesados empleen las autopistas de peaje y las autovías, manifestó que para 2016, una vez que concluya la prueba piloto que se está realizando hasta el 30 de noviembre en 320 kilómetros de seis tramos de vías de peaje, se podría ampliar a entre 1.300 y 1.600 kilómetros.
El responsable de infraestructuras de Fomento, tambien ha explicado que este programa de prueba tendrá un coste de unos 3,8 millones de euros para el Estado, a pesar que desde el Ministerio se había informado, hace unas semanas, de que supondría un gasto de cinco millones.
Esto se debe a que, en principio con el descuento de hasta el 50% —hay tramos en los que la rebaja es inferior—, la idea es que la concesionaria de la autopista no gane más dinero, pero tampoco lo pierda. En caso de que al reducir la cantidad que ingresan por los camiones que ya circulan por los peajes no se compense con lo que facturen por los vehículos nuevos, el Estado abonará la diferencia. Según Niño, esto ocurrirá sólo en el tramo Villacastín-Villalba de la AP-6, porque ya hay mucho tráfico de vehículos pesados.
En cuanto a la obligatoriedad de circular por los peajes en lugar de por vías secundarias —ahora tiene carácter voluntario— se analizará en los próximos meses, cuando el plan piloto haya dado más resultado.
Un ahorro de entre 140,4 y 241,3 millones de euros para la sociedad
Por parte del RACC, el director de la Fundación, Miquel Nadal, ha sido el encargado de presentar el estudio «concentración del tráfico de vehículos pesados en las carreteras más seguras», con el que se conseguiría un ahorro de entre 140,4 y 241,3 millones de euros, incluyendo también el beneficio al evitar pérdidas humanas (la DGT estima que el coste de un fallecido es de 1,4 millones de euros).
Nadal ha señalado que durante dos años se ha hecho algo parecido en la AP-7 a la altura de Girona, en un tramo de 100 kilómetros, y que los fallecidos se han reducido de una media de 15 al año a 1,5. Así, calculan que extendiéndose esta medida se reducirían drásticamente las muertes en las carreteras convencionales, una cifra que en los 24 tramos incluidos en la iniciativa supone 79 vidas humanas, según el análisis del RACC empleando datos de EuroRAP.
Por este motivo, pide que se amplíe la iniciativa —más allá del plan piloto de 320 kilómetros de Fomento— a 2.050 kilómetros (afectaría a 24 tramos), incluyendo la obligatoriedad de circular por autovía gratuita cuando transcurra en paralelo con una carretera convencional.
Además, esta iniciativa no tendría ningún coste para el Estado, según el RACC, ya que sólo habría que compensar a las concesionarias en caso de que la reducción de la tasa del 50% para las empresas transportistas supusiera la disminución de la facturación de las autopistas de peaje y eso no ocurriría.
El RACC estima que las empresas transportistas que no utilizan a día de hoy los peajes se ahorrarían 14,9 millones de euros si empezarán a hacerlo, mientras que las que ya lo hacen gastarían 109,3 millones de euros menos, gracias a la rebaja del coste de utilizar el peaje.
Por su parte, según el mencionado informe, las concesionarias ganarían 30,8 millones de euros más.
